Con la participación de la concejala Luz Elena Coloma y representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta Jeannine Cruz, continuó el análisis del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Cultura, de iniciativa del legislador Fabricio Villamar.
Luz Elena Coloma, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, expuso que la reforma se enfoca en la necesidad de permitir la venta de bienes inmuebles patrimoniales públicos con un grado de protección no absoluta, para fines específicos: vivienda, turismo y educación, lo que facilitaría el cuidado, mantenimiento y protección de los mismos.
Además, esto conllevaría a que el centro histórico recobre su espacio de activación social, económica y comercial, a través de la presencia de gente. Expuso que en el centro histórico existen 5299 edificaciones; de estas, 287 edificaciones son de propiedad pública; la tendencia poblacional decreciente está en -2,20 % anual, lo que significa que actualmente habitan 40 mil ciudadanos, cuando antes vivían 60 mil personas, según el censo de 2001.
El municipio capitalino mantiene varias casas en el centro histórico, algunas que las había expropiado en función de rehabilitarlas y venderlas a vecinos del lugar con prioridad. Sin embargo, la Ley cierra esta posibilidad, por lo que es fundamental definir las excepciones al patrimonio cultural inmueble, tomando en cuenta los grados de protección, para cuyo efecto se requiere un criterio técnico del Ministerio rector y del Instituto de Patrimonio Cultural.
Mencionó que no existirá gestión de las edificaciones abandonadas en el centro histórico de Quito de propiedad pública, hasta que no hayan recursos para su mantenimiento. Con el fin de precautelar el patrimonio que el Estado no puede intervenir, por falta incluso de recursos, debería permitirse la venta de algunos de estos inmuebles, dijo, al insistir que el proyecto solucionaría la problemática que afecta a muchos municipios del país que tienen un rico patrimonio cultural, como Loja y Riobamba.
POSICIÓN DE LA AME
En tanto, Jaime Morán y Karín Jaramillo, representantes de la AME, expresaron que la Constitución y el Cootad determinan las responsabilidades y competencias de los gobiernos autónomos municipales en materia de conservación, preservación, cuidado y mantenimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y natural en los territorios.
Propusieron que los bienes inmuebles del patrimonio cultural nacional de dominio privado, podrán ser vendidos observando lo previsto en el Art. 436 del Cootad, siempre que exista una propuesta de proyecto que tenga como fin la protección del inmueble, o que garantice su habitabilidad o el uso apropiado y compatible con el objeto de la declaratoria. Para tal objetivo, el Instituto de Patrimonio Cultural emitirá las recomendaciones para la conservación, respecto del uso compatible que se dará al bien.
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