Cuando en el mes de agosto de 2013 el Presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que hoy es más conocida como “Yachay Tech”, en su exposición de motivos manifestó:
“Históricamente el sistema universitario ha presentado una inserción regional y global baja, ha vivido replegado sobre sí mismo, ha conocido una tasa de innovación académica y pedagógica tenue y ha demostrado una vocación de insertarse predominantemente en la estructura de poder nacional y en un circuito económico dependiente y subalterno del mercado mundial y regional.
Desde la definición de la norma base del ordenamiento jurídico ecuatoriano configura a la educación como un derecho fundamental, un deber ineludible e inexcusable del Estado y como garantía esencial para el conocimiento y ejercicio de los demás derechos, es indudable que aquella se transforma en un bien jurídico protegido que compromete el interés público al cual debe responder, conforme reza el contenido del artículo 28 de la Constitución de la República.
Así, la tutela y satisfacción del derecho a la educación justifican su afectación como un “servicio público”, sustentado en una labor interdicta de responder a intereses individuales y corporativos, en tanto los efectos de su prestación y del aprovechamiento de sus resultados, sin duda generan un impacto social cierto y proyectado a futuro, que colocan en la educación la base de la inclusión y equidad social.
La libertad no puede entenderse simplemente como la antítesis de la esclavitud, pues el yugo no se expresa únicamente por la imposibilidad de trasladarnos de un lugar a otro; claro está que el desarrollo de la información, la cultura, la sabiduría y la ciencia constituyen un escape al subdesarrollo y, por ende, la única posibilidad de efectivizar la soberanía; en tal virtud, es indispensable que el Estado propugne que los ciudadanos accedan democráticamente, en condiciones de igualdad, a un sistema educativo eficiente, compuesto por instituciones capaces de crear, adquirir y descubrir.
El pacto social alcanzado en la Constitución de la República del 2008, tiene el propósito claro de alcanzar la sociedad del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en ese contexto uno de los principales objetivos del Ecuador en los tiempos actuales es construir un sistema de educación superior cuyo carácter público sea asegurado para las personas a través de, entre otros lineamientos, la democratización de la educación superior y el conocimiento, la construcción de un sistema que genere conocimiento en el marco de una autonomía universitaria responsable y pertinente, la construcción regional del sistema de educación superior en América latina, y la excelencia de las instituciones de educación superior.
Una de las primeras acciones para cumplir ese objetivo fue la depuración del sistema de educación superior dispuesto por el Mandato Constituyente 14, que luego de un riguroso proceso de evaluación de aquellas instituciones que fueron ubicadas por el extinto CONEA en la categoría E (última categoría de calidad), dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, ha producido la suspensión definitiva de 14 universidades por falta de calidad.
Para avanzar en el proceso es necesario que la universidad pase de ser la unidad de análisis del sistema de educación superior y transite hacia la integración de redes de producción, transmisión y creación de conocimiento dentro de la sociedad para fundar una nueva forma de democracia, basada en la democracia cognitiva como columna de la sociedad del Buen Vivir. Así la producción de conocimiento de las instituciones de educación superior debe enfocarse en satisfacer necesidades sociales, mejorando las capacidades individuales y territoriales, garantizando derechos y generando riqueza colectiva; esto desde la perspectiva de que el conocimiento debe ser contemplado como un bien público para la sociedad y no con fines de mercado.
La Ley Orgánica de Educación Superior, con esa orientación y considerando la necesidad imperiosa de contar con universidades y escuelas politécnicas públicas, gratuitas, de calidad, que brinden una oferta académica pertinente y que cubran la demanda nacional y territorial, dispuso la creación de cuatro nuevas universidades públicas: la Universidad Nacional de Educación “UNAE”, la Universidad Regional Amazónica, la Universidad de las Artes y una Universidad de Investigación de Tecnología Experimental.
Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 la situación investigativa en las universidades públicas aún no se vincula de manera significativa con el sector productivo. Del total de patentes solicitadas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, menos del 3% son producto de un proceso investigativo nacional. Por otro lado, existe una demanda social insatisfecha evidenciada por la falta de espacios laborales en áreas complejas de aplicación de conocimiento científico. Para promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades, el mismo Plan ha propuesto como políticas y lineamientos estratégicos, generar oferta educativa e impulsar la formación del talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción priorizadas, y la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente.
La creación de la Universidad de Tecnología Experimental YACHAY constituirá una herramienta para articular el Sistema de Educación Superior y al Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Además será un dispositivo para transformar la relación compleja existente entre el sistema universitario, el tejido empresarial, la diseminación del saber académico y científico, la incorporación de los profesionales recién egresados a la vida profesional y económica y la transformación del tejido productivo; en última instancia, permitirá la modificación radical del modelo de acumulación del modo de regulación de la economía ecuatoriana.
La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY será parte del proyecto Ciudad del Conocimiento que implica la construcción de un espacio urbano en el que se hallan presentes empresas implicadas en el sector terciario avanzado con una vocación de alta productividad ligada a cadenas regionales o globales de producción de valor, institutos y cetros de investigación ligados a redes de conocimiento internacionales que intercambian permanentemente experiencias con el exterior y con el resto de la sociedad ecuatoriana.
El modelo de organización de la producción del conocimiento de esta Universidad implica que personal académico, alumnos, actores y agentes sociales, comunitarios y empresariales se involucren en una nueva estrategia de productividad del saber científico y tecnológico y de su articulación con el tejido empresarial, con la estructura económica del país, y sobre todo, con su formación.
Por lo expuesto, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY invita a un gran pacto social en torno a la transformación de las pautas de reproducción de la sociedad ecuatoriana. La colocación del conocimiento en el centro de los procesos de reproducción social implica también que la transformación de las pautas de acumulación de capital deben dar lugar a un nuevo modelo de crecimiento y de reparto de la renta y de la riqueza que permita al Ecuador extraer todos los beneficios de este nuevo paradigma productivo articulado en torno al conocimiento democráticamente compartido”