La Comisión Legislativa de Educación remitió a la Presidenta de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), de iniciativa del asambleísta Raúl Abad, titular del organismo.
En su etapa de socialización de la propuesta, la Comisión de Educación ha recibido los criterios, observaciones y aportes del CEAACES, de la Escuela Superior Politécnica Servio Tulio Montero Ludeña, de la Universidad Interamericana del Ecuador (UNIDEC), de la provincia de Chimborazo; del Consejo de Educación Superior (CES), de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y del Plan de Contingencia del CES.
En el informe, se menciona que hasta antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Ecuador enfrentó un vertiginoso e inorgánico proceso de privatización de la educación superior, en el que el 60% de las universidades y escuelas politécnicas eran particulares.
Se precisa que este acelerado proceso de privatización con pocos obstáculos legales, condujo al arancelamiento del sistema público, a profundas desigualdades en el acceso a la educación superior, a la elitización de la matrícula, a una baja pertinencia de la oferta académica, a un exiguo desarrollo de la investigación y a la precarización laboral del personal académico. En definitiva, a la mayor crisis de calidad del sistema de educación superior que se conozca en nuestro país.
Se destaca también que la suspensión se sustentó en un sólido marco normativo y en un prolongado proceso de evaluación técnica, que se inició en el 2008 con la expedición del Mandato Constituyente No. 14, que dispuso al Consejo de Evaluación y Acreditación (CONEA) preparar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los centros, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
Posteriormente, la Ley Orgánica de Educación Superior, promulgada el 2010, fijó un plazo de 18 meses para evaluar a las universidades y escuelas politécnicas ubicadas en la categoría E y estipuló que las que no cumplan los parámetros de calidad queden definitivamente suspendidas.
El 11 de abril de 2012, el CEAACES resolvió suspender de manera definitiva a 14 universidades y escuelas politécnicas, por haber obtenido un dictamen técnico de no aceptable, decisión que fue aprobada por el CES el 12 de abril de 2012.
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