“Estado, Territorio y Hábitat”, fue el tema que abordó el asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, en una de las charlas magistrales que se desarrollaron en Quito, como parte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible, Hábitat III que se inauguró este lunes 17 de octubre de 2016. Calderón habló sobre la experiencia ecuatoriana en legislación sobre el derecho a la vivienda y al hábitat.
Calderón destacó algunos derechos que determina la Constitución del 2008 como marco general. Uno, que “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna” ; y, dos, “al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos”. Aterrizó en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS).
Sostuvo que esta norma establece los mecanismos y herramientas para que los diferentes niveles de gobierno organicen el territorio, de manera articulada y coordinada, a través de la aplicación de dos competencias: ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. Con esta última se dota a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de las herramientas para ejercer esta competencia, recuperando el rol del Estado en la configuración de la ciudad.
El asambleísta indicó que el objetivo de la gestión del suelo es racionalizar su uso, evitar la especulación, garantizar el acceso a la vivienda adecuada y digna, así como proteger la vida e integridad física de los ciudadanos. Aseveró que en la LOOTUGS se incluyeron instrumentos para la planificación, consolidar el suelo (reajustes de terreno e integración inmobiliaria), evitar la especulación, generar territorio para iniciativas públicas y financiamiento del desarrollo urbano.
Para garantizar estos alcances, Calderón reseñó que con la ley se creó un Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, para establecer parámetros mínimos de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno, a fin de salvaguardar los derechos que determina la Carta Magna. Además, se crea una Superintendencia de Ordenamiento Territorial que podrá adoptar sanciones y los debidos correctivos para garantizar el acceso a una ciudad incluyente, medio natural saludable y soberanía alimentaria.
Explicó que el reto ahora es enraizar la ley en prácticas políticas institucionalizadas y que guarden fiabilidad para los actores sociopolíticos para posibilitar la legitimidad social del Estado como productor del bien común.
El asambleísta sostuvo que históricamente los procesos de organización territorial han sido condicionados por el modelo de desarrollo privilegiado por las élites; los niveles de participación y representación de los actores sociales; y, por el rol y peso que se le ha otorgado al Estado en tanto espacio de producción de lo público. Dijo que en el período neoliberal la organización del territorio estaba mediada por intereses privados, que no contemplaban dinámicas de participación social y se restó la capacidad al Estado para planificar, regular y gestionar la política pública.
En cambio, en el período de la Revolución Ciudadana hubo una recuperación del Estado y justicia social. Aquí afirmó que se pensó en la estructuración y organización del país al compás de una agenda clara de desarrollo y en referencia a un criterio de base: el bien común. También se gestionó el territorio y hábitat bajo los principios de participación, eficiencia y eficacia, en donde se superó la desconexión entre los diferentes niveles de gobierno.
Estadísticas
Según el diagnóstico presentado por Richard Calderón en el 2001 en Ecuador el porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas (servicios básicos, materiales, hacinamiento) era del 56,36% y en 2010 bajó a 45,04%. Expuso que se generaron ciudades excluyentes e inequitativas, con asentamientos humanos de hecho y un acelerado y desordenado proceso de urbanización.
Precisó que en el 2010, de los 3’ 810.548 hogares, el 19,14% eran asentamientos urbanos de hecho. Contó que en los años 1970 en Guayaquil 1.921.87 hectáreas registraban esta práctica, mientras que entre el 2000 y 2010 subió a 8.081.45 hectáreas.
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