La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, pidió este lunes 26 de febrero en Ginebra, ante las Naciones Unidas (ONU), “acercar los mecanismos y procesos de supervisión y promoción de los derechos humanos a la ciudadanía, a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a los jóvenes y a las organizaciones de la sociedad civil”. De este modo se busca “profundizar la democracia participativa”.
La solicitud se produjo durante el panel de alto nivel sobre transversalización de los derechos humanos en el que la ministra intervino junto a las máximas autoridades de Naciones Unidas en la materia, cancilleres y representantes de otros países y organizaciones internacionales.
La canciller, cuya candidatura presentó Ecuador para la presidencia en 2018/2019 de la Asamblea General de Naciones Unidas, realizó, en su discurso, un reconocimiento al Examen Periódico Universal (EPU) como “el principal mecanismo universal de supervisión y evaluación de los derechos humanos”. El EPU es un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembro de la ONU.
“Ecuador ha participado en los diferentes ciclos de examen de manera puntual, de manera seria y rigurosa. Pero también en la emisión responsable de recomendaciones a otros países, así como en la fase de implementación nacional y seguimiento de las recomendaciones formuladas al país”, explicó la ministra.
Al respecto, destacó que un ejemplo de puesta en práctica de las propuestas del EPU fue la creación de la plataforma informática SíDerechos, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para coordinar a nivel interinstitucional la recopilación, procesamiento y emisión de informes para los mecanismos de derechos humanos, y que además ha servido como sistema de análisis de la información estadística recogida con el fin de identificar el nivel de cumplimiento efectivo de los 73 derechos humanos recogidos en la Constitución.
María Fernanda Espinosa planteó además que resulta “fundamental mantener y asegurar la credibilidad, legitimidad y el carácter constructivo” del EPU, para lo que propuso “reforzar la integración de la perspectiva de género con relación a todos los aspectos del mecanismo, vincular el examen a la progresiva consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estar abiertos a comentarios formulados por la sociedad civil”, además de simplificar el proceso de recomendaciones y asegurar la objetividad.
Ecuador instó además, en Naciones Unidas, a “la cooperación internacional para complementar y apoyar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de derechos humanos, incluyendo el financiamiento y transferencia y desarrollo de tecnologías a favor de los países en desarrollo”.
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