Guerrero anotó que hasta el momento, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha recibido ninguna solicitud de parte del organismo internacional, con relación al tema.
Subrayó que como Gobierno se aplica el ordenamiento jurídico, priorizando el interés ciudadano; por lo que cualquier persona u organización puede solicitar la documentación del proceso, ya que en cada caso se administró el debido proceso, con sujeción a Derecho.
Destacó que «el Gobierno trabaja con eficiencia, responsabilidad, equidad y transparencia”.
La Ley es para todos
Reiteró que en la reversión de frecuencias se aplica la Ley que es para todos y cualquier incumplimiento debe ser sancionado, con el objeto de velar por los intereses y beneficio de los ecuatorianos.
Asimismo, manifestó que respalda el accionar de los órganos del Estado, como la Superintendencia de Telecomunicaciones, entidad que ha actuado apegada a derecho; al igual que el Conatel, «ente colegiado que en todos y cada uno de los casos de renovación o reversión de concesión de frecuencia ha aplicado el debido proceso». “El Estado ha seguido todos los pasos determinados en la Ley, con transparencia, permitiendo el legítimo derecho a la defensa del concesionario”, enfatizó.
Patrimonio del Estado
Guerrero expresó que todas las frecuencias son patrimonio del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos y no de un sector específico. “El Estado las utiliza en beneficio de uno o varios concesionarios, de acuerdo con lo que determina la Constitución de la República”, dijo.
Explicó que el Art. 67 de la Ley de Radio y Televisión establece que la reversión de una frecuencia se puede dar o por resolución en firme del Conatel o con sentencia ejecutoriada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras es una opción o la otra, no las dos; es decir, es una medida excluyente. Luego que está en firme la sentencia es cuando actúa la Superintendencia de Telecomunicaciones, remarcó.
