La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación. La educación superior y la investigación asociada a ella deben concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto, más allá de su usufructo individual o privado, señala el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013, elaborado por la SENPLADES.
El documento destaca que el Ecuador es uno de los países a nivel latinoamericano con menores coberturas en educación superior. En ese sentido, debe ser una prioridad aumentar el acceso a este nivel educativo. De la misma manera se debe garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas, dado que el campo de la educación superior ha sido reproductor y no transformador, en sentido progresista, de la estructura de clases anota.
Es necesario -dice- que la educación superior se transforme en un verdadero mecanismo de movilidad social ascendente y de igualación de oportunidades en el Ecuador. Para ello, primero se debe promover un acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un impedimento para ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, políticas de cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar la importancia de que operen criterios meritocráticos propios de la educación superior. Es decir, la mayor democratización que debe operarse en el acceso no debe ser leída en términos antinómicos con la mayor excelencia académica que debe asegurarse en la educación superior.
En relación a esto último, subraya que debe implementarse un sistema de nivelación que permita dar tratamiento a las desigualdades educativas existentes en los niveles inferiores. Como parte de la efectivización de la igualdad de oportunidades resulta indispensable auspiciar el acceso de primeras generaciones a la educación superior universitaria. Especial importancia habrá que prestar al control de las diferentes ofertas formativas involucradas en el conjunto de instituciones que integran el campo de la educación superior –universitaria y no universitaria-, a fin de que esta diversidad no involucre desigualdades en términos de calidad, ni suponga una lógica segmentadora y que reproduzca una sociedad injusta.
En este sentido, y dado el mandato constitucional de construir una economía social y solidaria, resulta indispensable revalorizar la educación superior no universitaria de la más alta calidad para formar profesionales que aporten al campo en la estructura productiva y al mismo tiempo aseguren condiciones de vida dignas y emancipadoras, precisa el documento.
También señala que se deben atacar otras formas de discriminación negativa producto de consideraciones de tipo religioso, cultural, étnica, etc., tanto en el acceso como en el proceso de formación de las y los estudiantes.
Si bien el acceso y la igualdad de oportunidades en este nivel educativo resulta una de las más importantes deudas sociales a saldar, igual o más empeño hay que colocar en la garantía de la excelencia académica, tanto en la enseñanza superior como en la investigación científica, subraya.
Es indispensable para ello garantizar la máxima objetividad, imparcialidad, y los más altos estándares para evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior, sus programas y carreras.
Asimismo, se vuelve indispensable que las personas con más formación y más experiencia investigativa y en la docencia accedan a una carrera académica-investigativa, enfatiza el documento de la Senplades.
Fuente: Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013 (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO).
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