El filósofo, escritor y catedrático mexicano Fernando Buen Abad propuso crear un observatorio de medios de comunicación a nivel regional, con el propósito de analizar en conjunto las ofensivas mediáticas de algunos sectores periodísticos. Y mencionó a las organizaciones Unasur, Celac o Alba como eventuales receptoras de este planteamiento.
Así se pronunció el estudioso mexicano el pasado 1 de agosto, durante el debate «La prensa extranjera y la ley de Comunicación del Ecuador», organizado por el Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL).
Buen Abad añadió que debería ocurrir “una revolución continental sobre comunicación”, con renovados valores éticos y un manejo responsable de las herramientas periodísticas. En su opinión, hay la necesidad de crear un “frente internacional” para aplicar en forma eficiente las leyes relacionadas con temas de comunicación en la región.
Asimismo, se preguntó por qué no impulsar “un amplio expediente latinoamericano” sobre el conjunto de agresiones contra las nuevas leyes e iniciativas en materia de comunicación.
El catedrático dijo que “ojalá pronto” tuviéramos fiscalías especializadas en delitos de comunicación, lo cual permitiría controlar y regular mucha información negativa que llega al público, a la que calificó como “las mil canalladas que vemos en las pantallas”.
En el debate participaron también el periodista francés Eric Samson, catedrático de la Universidad San Francisco y corresponsal de Radio Francia Internacional y Hernán Reyes, miembro de la Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, recientemente creado por el Gobierno del Ecuador.
Difunden Ley Orgánica de Comunicación
El sábado 2 de agosto circuló con el diario El Telégrafo, la Ley Orgánica de Comunicación, con el propósito de que la ciudadanía pueda comprender la problemática estructural de la comunicación en el Ecuador.
En la presentación del documento se destaca, entre otras cosas, que la Ley establece el derecho de la ciudadanía a recibir información de relevancia pública y de calidad; prohíbe que los medios de comunicación asuman una posición institucional y sobre la inocencia o culpabilidad de las personas sometidas a juicio; instituye la figura del linchamiento mediático para evitar que se desprestigie o se reduzca la credibilidad de las personas mediante la difusión concertada y reiterativa de información con tal propósito; instaura el deber de los medios de comunicación de darles a todas las partes que intervienen en un proceso judicial la oportunidad de expresar sus argumentos de forma equitativa; implanta reglas para que la publicidad que realicen tanto instituciones públicas como empresas o personas privadas no solo se asigne a las grandes cadenas de los medios de comunicación, sino que también se entregue publicidad a los medios rurales, locales y comunitarios, y dispone que los medios de comunicación audiovisuales tengan en su programación diaria al menos el 60% de producción nacional, lo cual no solo es un gran incentivo para los realizadores nacionales sino para que todos lo rostros, ideas, identidades, culturas, costumbres y proyectos sociales tengan un lugar en los medios de comunicación….
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