El doctor Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), anunció este 24 de abril de 2013, que solo 2 de 86 extensiones universitarias cumplen los tres parámetros de evaluación y los 30 indicadores determinados en base a la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
La Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) extensión Quito, y la Universidad San Francisco de Quito, extensión San Cristóbal, Galápagos, son las únicas sedes aprobadas. Mientras que 21 están condicionadas, 19 fuertemente condicionadas y 44 no aprobaron.
La normativa estipula la depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características que mantengan las Instituciones de Educación Superior (IES) fuera de su matriz. Las sedes evaluadas fueron clasificadas en cuatro grupos de desempeño.
Las aprobadas que seguirán funcionando con normalidad; las condicionadas que deberán acogerse a un plan de mejoras; las fuertemente condicionadas que a más de someterse a este plan suspenderán sus matrículas en las carreras de salud, derecho y educación; y por último, las no aprobadas que deberán suspender las matrículas para nuevos estudiantes.
Hay que destacar que el CEAACES ha evaluado todas las sedes, extensiones, programas, centros, paralelos y demás denominaciones que funcionan fuera del domicilio principal de las universidades y escuelas politécnicas, en aras de realizar una depuración de las mismas.
Desde el 2012 el CEAACES ha venido llevando a cabo la ambiciosa tarea de asegurar la calidad de la educación superior en el Ecuador, lo ha hecho con firmeza, aplomo y legitimidad, precautelando los intereses de la sociedad en su conjunto.
Recordemos el Informe del CONEA
El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, estableció la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento.
Este Mandato constituye, una iniciativa orientada a recuperar el rol director, regulador y supervisor del Estado sobre las instituciones de educación superior, claramente venido a menos durante décadas de gobiernos que, crecientemente, lo abandonaron delegándolo a las “fuerzas del mercado”. Como resultado, la universidad ecuatoriana se evidencia, a lo largo de este informe, como un conjunto fragmentado por múltiples brechas: académica, democrática, investigativa, tecnológica, brechas que, a su vez, expresan múltiples fenómenos.
La evaluación de desempeño institucional de las IES, realizada por el CONEA entre junio y octubre del 2009, sometió a consideración de la Asamblea Nacional varias conclusiones y recomendaciones con el objetivo de proceder a la depuración y al mejoramiento del Sistema Nacional de Educación Superior.
Supresión gradual de las extensiones universitarias
El Informe del CONEA señala: «El Sistema de Educación Superior cuenta con 145 extensiones y centros de apoyo que funcionan como centros universitarios. Estas extensiones están repartidas en 107 ciudades del país. Si a estas extensiones se suman las 71 universidades y escuelas politécnicas, en realidad el Ecuador cuenta con 216 centros universitarios, situación que probablemente, en términos de densidad institucional territorial, ubica el país en los primeros lugares a nivel mundial. Sin lugar a dudas, la explosión de centros universitarios constituye otro de los problemas críticos de la universidad ecuatoriana.
Las extensiones universitarias adolecen, y quizá con mayor intensidad, de muchas de las deficiencias anteriormente señaladas. Además de la penuria de su planta docente (si es que en realidad puede hablarse de planta docente), de la deficiencia (en la mayoría de los casos casi absoluta) de facilidades y de un entorno de aprendizaje (carencia de laboratorios, bibliotecas), la mayoría funcionan en condiciones de extrema precariedad. En general, sus instalaciones se limitan a dos o tres aulas rentadas (por horas) a colegios o escuelas locales, o espacios de oficinas completamente antifuncionales, o simplemente a locales, donde es difícil imaginar que pueda funcionar un centro universitario (en este caso cabría el término ‘extensiones de galpón’). Aparte de la calidad de la enseñanza que se imparte en estos centros y que debe ser objeto de urgente atención, la proliferación de las extensiones universitarias tiene impactos que afectan negativamente a todo el sistema de educación superior del país.
En efecto:
1.- La creación indiscriminada de extensiones es otra de las expresiones de la mercantilización de la educación superior, con las universidades tanto públicas como privadas compitiendo por nichos de mercado. Frente al crecimiento acelerado de la oferta académica privada, la universidad pública adoptó mecanismos y enfoques similares, tratando de llenar espacios sin importar la calidad y pertinencia de la nueva oferta académica. A esta estrategia se suman consideraciones políticas y, sobre todo, clientelares, con las extensiones universitarias instrumentalizadas como mecanismos de control y réditos políticos. Todo este proceso ha llevado a un debilitamiento de las universidades, sobre todo de aquellas de carácter local y regional, que han debido enfrentar el desborde de una competencia arrolladora y cuya respuesta ha sido la creación de extensiones, no solamente en sus aéreas geográficas de influencia, sino en las grandes ciudades del país, ya saturadas por una oferta académica sin control (por ejemplo, en Quito existen 8 extensiones de universidades de otras provincias). De esta manera, el “mercado de la educación superior” tiende a actuar como una fuerza homogenizadora que empuja a universidades con orígenes, misiones y roles diferentes, a un proceso competitivo, bajo diferentes condiciones y con resultados muy desiguales de calidad académica.
Este proceso trabaja como un potente mecanismo que acentúa las desigualdades entre diferentes tipos de universidades, con posibilidades diferentes de acceso a recursos materiales e intelectuales, pero, sobre todo, debilitando sus respuestas ante los problemas locales y regionales.
2.- Esta dinámica incontrolada de creación de extensiones también ha tenido un efecto devastador sobre los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Frente a la posibilidad de un título universitario, los estudiantes, aspirantes o matriculados en estos institutos, terminan optando por una carrera universitaria que, en algunos casos aun con menor esfuerzo académico, les ofrece, en principio, posibilidades profesionales más amplias y mayor prestigio y reconocimiento social. Los resultados se han traducido en un debilitamiento acelerado de este segmento de la educación superior cuya función social, y, sobre todo, su aporte a los sectores productivos de la economía, se ven seriamente disminuidos. De esta manera, se acentúa la situación de deterioro del sistema de educación superior, semejante a un proceso de causación circular acumulativa, en el que la presencia de mecanismos de retroalimentación lo amplifican con mayor fuerza: la gestión académica se ve debilitada por las extensiones, éstas debilitan la educación técnica superior, deterioro que, a su vez, crea mayores presiones sobre las universidades por cambios en la estructura de la demanda de las y los estudiantes, situación que cierra el círculo de deterioro progresivo de la calidad de la enseñanza universitaria.
3.- Otro aspecto del fenómeno de las extensiones tiene que ver con la asignación de recursos por parte de las universidades públicas. Mientras que para las universidades autofinanciadas el funcionamiento de las extensiones constituye una fuente adicional de ingresos, para las universidades públicas su mantenimiento, en el mediano plazo, repercute negativamente en su gestión y, en definitiva, en la calidad académica. La creación de extensiones, además de las causas anteriormente señaladas, también obedeció a una estrategia de algunas universidades por aumentar su participación en las rentas públicas. Al aumentar el número de carreras, programas y estudiantes, se posibilitaba que el sistema de asignaciones de los fondos estatales aumentase sus rentas. Sin embargo, el balance no siempre ha resultado positivo. El incremento marginal en el porcentaje de las asignaciones no ha compensado el gasto de operación y funcionamiento de las extensiones. Así, recursos universitarios que podrían haberse utilizado en actividades mínimas de investigación, por ejemplo, han tenido que ser sacrificados para cubrir gastos de funcionamiento de centros que muy poco han aportado a las comunidades. En este punto conviene enfatizar que la ausencia o bajos niveles de actividades investigativas no siempre han obedecido a la escasez de recursos, ni han sido su principal causa, como se pretende argumentar, sino simplemente al hecho de que la investigación no ha constituido una prioridad en la agenda de muchas universidades.
4.- Por último, la proliferación de extensiones universitarias ha conducido a un sistema disfuncional en la oferta académica, especialmente en ciertas ciudades y regiones.
La mayoría de carreras que ofrecen las universidades, salvo aquellas de Quito, Guayaquil y Cuenca, son ofrecidas en sus extensiones, con una oferta académica que poco tiene que ver con las necesidades locales, creando así una población profesional que difícilmente puede conseguir un trabajo en su área de especialidad, y, por consiguiente, se ve forzada a emigrar a las ciudades grandes. Por otra parte, el número de carreras que se imparten a través de las extensiones supera con creces la oferta de las universidades locales, que, de por sí, resulta ya exagerada en relación al tamaño de la población servida. Por ejemplo, las provincias centrales (Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Riobamba) cuentan con 25 extensiones que, sumadas a las siete universidades locales, totalizan 32 centros universitarios en un área de un radio inferior a los cien kilómetros. Sería mucho más económico, y sobre todo más efectivo, en términos de calidad y servicio, introducir mecanismos de racionalidad en la gestión de la educación como establecer becas o por lo menos organizar sistemas de transportación adecuados para la asistencia de las y los estudiantes a las matrices.
Recomendación
La nueva Ley Orgánica de Educación Superior, a través de sus disposiciones transitorias, debería examinar:
1.- La supresión gradual de las extensiones universitarias en un período adecuado de tiempo. Salvo casos muy especiales, y sobre la base de estudios serios, se podría permitir la continuación del funcionamiento de determinadas extensiones.
2.- Si alguna universidad local está en incapacidad de ofertar alguna carrera de interés local, ésta podría ser ofertada mediante alianzas o convenios con otras universidades. Este sería un mecanismo muy positivo para el desarrollo y fortalecimiento académico de las universidades con vocación local y regional, y, por supuesto, para mejorar la calidad de la educación.
3.- Más aun, es evidente que el país ha alcanzado un grado de sobre-saturación de instituciones universitarias, por lo que la moratoria de un plazo de por lo menos diez años para la creación de nuevas instituciones deeducación superior resulta imprescindible».