Bajo el título “Rentas Universitarias” el Editorial del diario El Mercurio de Cuenca (II-04-2012), señala que “La Universidad de Cuenca ha expresado formalmente en estos días -una vez más- su preocupación por el déficit presupuestario que viene afrontando y que se origina en el incumplimiento estatal de la asignación de los recursos que corresponden a la gratuidad de la educación constante en la Constitución vigente. Otros centros de educación superior se han manifestado en el mismo sentido y si bien las cantidades varían en cada caso, la situación es similar. Adicionalmente no se trata de un tema que surja solamente en este año. Viene arrastrándose desde el mandato constitucional que dispuso la gratuidad de la educación, pero no contempló las medidas para asegurar que los organismos correspondientes, especialmente la Secretaría Nacional de Educación Superior, fijen con precisión y justicia cuáles son los rubros que le corresponden a cada universidad pública”.
EcuadorUniversitario.Com entra en el debate con los siguientes planteamientos:
Es indudable que un ben número de las acciones orientadas a la transformación del sistema de educación superior deben comprometerse con la atención de los problemas derivados de su financiación, con las crecientes necesidades de autorregulación, con el mejoramiento de la gestión y con el desarrollo de formas de gobierno de las instituciones que se corresponden con las nuevas necesidades de gestión.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Sin embargo, la principal responsabilidad en el financiamiento de la educación superior es del Estado y, por lo tanto, no debe de ninguna manera, debilitarse su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones estatales que prestan este servicio. Igualmente, debe apoyar la búsqueda de nuevas fuentes de recursos e impulsar acciones para subsidiar los quintiles de más bajos ingresos y el crédito educativo para los que requieran este apoyo.
Para el sistema en su conjunto se requiere un redimensionamiento de su arquitectura, especialmente en cuanto número y competencias de espacios institucionales gubernamentales, que les permita una mayor cohesión, complementación y coordinación de sus áreas misionales, en la concepción contemporánea sobre el papel el Estado, para de esta manera mejorar la gestión y el grado de gobernabilidad de un sistema caracterizado por la autonomía universitaria.
Como el Consejo de Educación Superior se apresta a aprobar el nuevo Reglamento de distribución de rentas a las universidades y escuelas politécnicas públicas, sugerimos establecer los indicadores de gestión, de eficiencia y calidad como criterio para la asignación de los recursos en las universidades públicas.
Diseñar un Sistema de Financiación de la Educación Superior que satisfaga a todas las partes, organizar los diferentes recursos que se destinan al sector y coordinar a los organismos que los administran.
Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos del sector por parte de los organismos estatales encargados.
Buscar la creación de fondos concursables para que las IES puedan acceder a recursos del Estado o de créditos internacionales para fortalecimiento de la investigación, formación de docentes, desarrollo de programas tecnológicos, incorporación de las tecnologías de información y comunicaciones, mejoramiento de los laboratorios, ampliación y recuperación de infraestructura.
Crear un programa para ofrecer subsidios a los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos, pertenecientes a los quintiles 1,2 y 3.
El gobierno debe ampliar la cobertura y el monto del crédito educativo incluyendo el sostenimiento de los estudiantes, con financiación a largo plazo y tasas bajas de interés que faciliten el pago después de que el estudiante ha egresado del programa. Esta estrategia debe incluir el fortalecimiento del IECE.
Las instituciones de educación superior deben establecer alianzas con el sector productivo, para la planificación de proyectos regionales y locales y el fortalecimiento de la investigación.
También es importante ejecutar programas de mejoramiento de la gestión y transparencia institucional, que les permita asegurar que los recursos aplicados al sistema son convenientemente aprovechados para el logro del impacto esperado.
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