Una de las funciones primordiales de una comunidad democrática es la de crear una comunidad informada y generar así una opinión pública. Para ello, se requiere establecer y fortalecer el derecho a informar y el libre acceso a la información, elevar la calidad de ésta, ensanchar y mejorar la educación de las personas y asegurar una efectiva competencia en el mercado de la información.
Corresponde a los legisladores reflexionar y fortalecer los derechos de libertad de expresión y de acceso equitativo a la información, pues ambas son garantías fundamentales de la convivencia democrática.
Si bien la comunicación es un fenómeno cohesivo, también lleva el riesgo de uniformar, de distorsionar la expresión cultural, de suprimir la pluralidad y de inhibir la manifestación individual, por lo que el uso de los medios y la ampliación de las posibilidades de comunicación deben ir acompañadas permanentemente de un elevado sentido de responsabilidad, de respeto a la libertad de expresión y de un espíritu genuinamente democrático.
En este sentido, será preciso que el derecho a la información fomente nuestra cultura plural y respeto a la diversidad, reconociendo los patrones que son propios a las distintas comunidades del país y generando actitudes de tolerancia entre los ecuatorianos.
Reconocemos que frente a los múltiples cambios que se han registrado en nuestro país, el concerniente a la legislación de la comunicación no ha sido actualizado en el mismo sentido, pese a los diversos foros de consulta pública celebrados en la última década.
Una nueva legislación en materia de información es la gran asignatura pendiente de la reforma política del país.
No es posible transitar hacia una democracia plena sin una nueva legislación y sin nuevas relaciones políticas y jurídicas entre los distintos actores que confluyen al proceso de la comunicación y de la información, las instancias del Estado Nacional y la sociedad misma.
Es fundamental el establecimiento de reglas claras, mediante prescripciones legales detalladas y normas funcionales que garanticen la vigencia y materialización del derecho fundamental a la información.
Mientras el gobierno vea en los medios de comunicación sólo un uso político y no instrumentos fundamentales de la transformación social; mientras los comunicadores y los dueños de los medios vean en cualquier intento legislativo de dar cauce a garantías individuales una ofensiva contra sus intereses, no habrá progreso en la vida democrática, porque en la democracia ningún poder puede ser ilimitado.
Esperamos que el debate y socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, no sea un saludo a la bandera.
Wilson Zapata Bustamante