Por: Carlos Castro Riera
Luego de la explosión social ocurrida los trece primeros días de octubre, el gobierno, algunos sectores sociales y económicos han reaccionado de manera política equivocada al tratar de desprestigiar a la CONAIE, al FUT y sus dirigentes, metiéndoles en un solo saco como si todos fuesen vándalos, delincuentes, terroristas y subversivos.
Los actos vandálicos pueden atribuirse a quienes aprovecharon la protesta social para saquear locales comerciales, los actos delincuenciales a quienes se dedicaron a robar o destruir los bienes públicos o privados, los terroristas y subversivos a los que incendiaron el edifico de la Contraloría General del Estado, las instalaciones de Teleamazonas y dirigían las acciones y la violencia organizada con fines de tumbar al gobierno de Moreno.
La protesta social de indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y más sectores sociales no debe confundirse con delitos contra la Estructura del Estado Constitucional, tales como rebelión, usurpación y retención ilegal de mando, actos hostiles contra el Estado, sedición, insubordinación, sabotaje, destrucción de registros, incitación a discordia entre ciudadanos, grupos subversivos, instigación o terrorismo.
Si la indignación frente a las injusticias sociales, la protesta por las deficientes condiciones de vida, pobreza, marginalidad, discriminación, corrupción del poder y las manifestaciones en calles, plazas y vías públicas fuesen delitos, entonces más del noventa por ciento de la humanidad sería insurrecta.
Las causas del descontento y la explosión social no pueden ser atribuidas exclusivamente a conspiraciones internacionales. Esas causas están en la propia estructura del sistema económico planetario, la acumulación demencial de la riqueza y la pobreza agudizada por el neoliberalismo salvaje en el contexto de las nuevas contradicciones geopolíticas mundiales.
El país está saqueado por la corrupción y políticas económicas cargadas de injusticia social, y la crisis resultante quiere cargarse al pueblo. La CONAIE intenta presentar alternativas. Lo que hay que exigir es que se cumpla el Régimen de Desarrollo y el Régimen del Buen Vivir establecido en la Constitución, esa es la base constitucional y legítima de la exigencia y protesta sociales.
FUENTE: EL MERCURIO
30 octubre, 2019