Por: Dr. Efstathios Stefos, PhD
Profesor de la Universidad Nacional de Educación -UNAE-
En Ecuador, la inversión pública en educación constituye un componente vital para forjar un porvenir próspero y equitativo para su población. En una era caracterizada por desafíos multifacéticos a nivel global, la educación se alza como un instrumento esencial en la consecución del desarrollo sostenible, la cohesión social y el robustecimiento de la democracia.
Hablar de educación implica no solo la adquisición de habilidades y conocimientos, sino la formación de ciudadanos conscientes y críticos que estén comprometidos con el bienestar colectivo y la justicia social. La educación actúa como un catalizador para la emancipación y el empoderamiento, habilitando a las personas a tomar decisiones informadas y a desempeñar un papel activo en la vida cívica y política.
La inversión pública en educación desempeña un rol central en la garantía de un acceso equitativo a oportunidades educativas de alta calidad. Es imperativo reconocer las notables disparidades en la educación entre zonas urbanas y rurales en Ecuador, así como entre distintos estratos socioeconómicos. Particularmente, los niños y jóvenes en áreas rurales afrontan obstáculos considerables para acceder a educación de calidad, entre ellos, el acceso a transporte escolar adecuado. A su vez, las comunidades indígenas presentan requerimientos educativos particulares que a menudo no son atendidos adecuadamente.
Mediante una inversión pública estratégica y guiada por principios de equidad social, es factible edificar infraestructuras educativas en áreas marginadas, capacitar docentes y diseñar currículos que reflejen y respeten la rica diversidad cultural y lingüística del país. Es importante asegurar que los estudiantes, incluyendo aquellos pertenecientes a grupos vulnerables y prioritarios, dispongan de acceso a materiales didácticos, tecnología y un ambiente propicio y seguro para el aprendizaje. Además, es esencial que se realice una inversión significativa en transporte escolar, especialmente en áreas rurales, para garantizar que los estudiantes puedan acceder a las instituciones educativas sin barreras de distancia o costos de transporte.
Un elemento primordial es la continua adaptación y actualización de los programas educativos en respuesta a los retos contemporáneos. Esto abarca la incorporación de la educación ambiental, el estímulo al pensamiento crítico y la formación en competencias digitales.
Además, es indispensable promover la participación comunitaria en la gestión educativa. Posibilitar que las comunidades, en especial las rurales e indígenas, desempeñen un papel activo en las decisiones respecto a su educación, garantiza que esta responda a sus valores, necesidades y aspiraciones. Esto puede englobar la integración de saberes ancestrales en el currículo y la promoción de intercambios culturales.
La inversión pública en educación debe ser sostenida, transparente y responsable, lo cual exige un compromiso prolongado por parte del Estado y una visión educativa centrada en el desarrollo humano y la justicia social.
Invertir en educación es invertir en la construcción de una sociedad más solidaria, equitativa y justa. Al atenuar las desigualdades educativas y mejorar la accesibilidad al transporte escolar, se facilita la creación de una sociedad en la cual todos los ciudadanos, sin importar su procedencia, tengan la oportunidad de aportar y beneficiarse del desarrollo colectivo.
Ecuador se encuentra en una encrucijada donde la inversión pública en educación es determinante para empoderar a su población, fortalecer la cohesión social y erigir una nación más próspera, inclusiva y sustentable. La educación, sin duda, es uno de los pilares más firmes sobre los cuales edificar un futuro digno y equitativo para todos, incluyendo los grupos vulnerables y prioritarios.
FUENTE: Revista Internacional LA CLAVE