Representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Procuraduría arribaron hoy a Costa Rica para ratificar ante el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, los argumentos de defensa del Estado en relación a la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrados el domingo 4 de febrero.
La delegación de alto nivel está encabezada por la canciller, María Fernanda Espinosa; junto a ella están el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la ministra de Justicia y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el subprocurador general del Estado, Ricardo Velasco; y el asesor de la secretaria jurídica de la Presidencia, Juan Sebastián Medina, además de un equipo técnico.
La presencia de los representantes del Estado se produce ante la “infundada, improcedente e irregular solicitud de medidas provisionales” presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se deje sin efecto la pregunta 3 del referéndum, que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, y que modifica el sistema de designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Declaración de las Funciones del Estado
Las Funciones del Estado suscribieron la víspera del viaje a Costa Rica, una declaración en defensa de la “legítima de la voluntad soberana del pueblo” ecuatoriano expresada en las urnas el pasado 4 de febrero, en referéndum y consulta popular, y exigieron el “respeto” a la decisión de la ciudadanía.
Declaración de las funciones del Estado
El documento señala lo siguiente: “Los representantes de la funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país, en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado”
El documento fue suscrito en una reunión celebrada bajo la presidencia de Lenín Moreno, quien encabeza las firmas, junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la presidenta de la Corta Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre; el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Christian Cruz Rodríguez; el contralor, Pablo Celi; el procurador, Rafael Parreño; el delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito; y el fiscal general, Carlos Baca.
En Costa Rica las autoridades defenderán la soberanía nacional, la Constitución, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada libre y democráticamente en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero.
El Estado se defiende de ese modo frente a la “insólita” solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte IDH, para que se emitan medidas provisionales en relación al referéndum que recibió el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano.
A juicio de Ecuador, la CIDH actúa en este caso “sin apego a los procedimientos y al rigor jurídico” exigibles, además de atentar contra el derecho internacional y la democracia en Ecuador.
Entre las medidas de defensa del Estado y la democracia, además de la audiencia ante la Corte IDH, el presidente Lenín Moreno dialogó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien manifestó su felicitación al jefe del Estado “por el triunfo electoral” en el referéndum y consulta popular, así como por “el compromiso democrático mostrado por el pueblo e instituciones de Ecuador”.
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana llamó a consultas a su representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al respecto, el Estado ecuatoriano alertó a los países hermanos del peligro para la democracia y la soberanía que supone una interferencia como la protagonizada por la CIDH, que puede suponer un “precedente nefasto” para el continente.
El presidente Lenín Moreno llamó así mismo a la Asamblea Nacional; a las autoridades nacionales, regionales y locales; Gobiernos autónomos descentralizados y todas las funciones del Estado a expresar su “férrea voluntad ” de defender la democracia y el estado de derecho en el país.
Del mismo modo, apeló a la “unidad del pueblo” para “rechazar esta intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”.
Juristas, constitucionalistas, organizaciones sociales y sindicales, instituciones educativas, y representantes de nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, estudiantes, ecologistas, trabajadores y profesionales ya se pronunciaron en defensa del derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado y en apoyo a los resultados del referéndum y consulta popular del 4 de febrero.