Subrayó que tras el proceso de diálogo y luego de las observaciones, cuestionamientos y planteamientos presentados por medios comunitarios y privados, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, sobre la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, se llegó a la conclusión que este organismo debe suprimirse definitivamente.
“La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado”, aseveró
Según detalló, se plantea también una optimización del sistema de comunicación y dijo que se va a distinguir los medios públicos, de los privados, y comunitarios o ciudadanos.
“Estos tres sectores tendrán plena garantía de interactuar en la generación, difusión y recepción de información, con regulaciones claras que les permitan el ejercicio del derecho a la comunicación”, aseveró.
Precisó que otra de las preocupaciones que motivó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación es la necesidad del fomento a los medios de comunicación medianos y pequeños, por lo cual la actual Secretaría Nacional de Comunicación ha puesto en marcha planes para que la información llegue sin intermediarios a todos los medios.
Situación de medios incautados
Indicó que los análisis durante su gobierno revelan que la gestión y administración de los medios incautados -en el gobierno anterior- fueron totalmente deficientes.
Afirmó que una decisión importante es “vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos”. Dijo que ello responde al clamor ciudadano que se ha manifestado en el sentido de que estos medios no pueden seguir en manos del Estado porque, además, fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica. “Salimos de un Estado de propaganda a un Estado de comunicación bidireccional, de diálogo, a un Estado democrático”, puntualizó.
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