La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesántez, acudió este jueves 13 de septiembre hasta la Asamblea Nacional para presentar el veto total del Ejecutivo a la Ley de Lucha Contra la Corrupción que aprobó el Parlamento el pasado 14 de agosto con 107 votos. La funcionaria explicó que el veto total se decidió por razones «técnicas y jurídicas». “No es una ley que nos ayudaba en la lucha contra la corrupción”, argumentó.
La secretaria agregó que la normativa que aprobó la Asamblea tenía «ciertas características legales» que podrían confundir a los operadores de justicia. Además, según exlicó, esa ley «alargaba las etapas procesales».
Ante este panorama, el Ejecutivo, a través de Johanna Pesántez presentó este mismo jueves el nuevo proyecto de Ley Anticorrupción y de Protección al Denunciante.
Pesántez precisó que esta nueva normativa tiene sus bases en 7 puntos, que ya fueron explicados por el presidente Lenín Moreno en cadena nacional el miércoles 12 de septiembre.
Efectivamente, el Presidente de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, anunció la víspera en cadena nacional de radio y televisión, la próxima presentación ante la Asamblea Nacional, de un proyecto de Ley Anticorrupción. ‘Para ganar la batalla de la decencia contra el robo, el país necesita leyes ágiles, eficientes, contundentes y de fácil aplicación, además del compromiso diario de absolutamente todos los ecuatorianos’, afirmó.
En ese sentido, expresó que la lucha es de todos, la procuraduría, contraloría, la fiscalía general, la justicia, Asamblea Nacional y los medios de comunicación, los cuales deben ayudar a las investigaciones, así como organizaciones sociales y la ciudadanía, en general. El mandatario llamó al Consejo de la Judicatura para que sean jueces y fiscales los principales aliados en la lucha contra la corrupción.
Señaló que el objetivo del cuerpo legal es incautar los bienes a los corruptos, facilitar la recuperación del dinero mal habido, agilizar los procesos de repetición (cobrar a funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos).
Adelantó que la regulación incluirá recompensas a quienes brinden información cierta y comprobable sobre donde está el dinero y los bienes robados; facilitará que quienes decidieron incurrir en un soborno puedan denunciar, por una vez, sin sanción, a funcionarios que se llevaron capital . También ofrecería protección a los denunciantes de cualquier retaliación o acoso.
A partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan, tendrán un plazo de 90 días para informar los nombres de los verdaderos propietarios y al cumplir ese procedimiento no serán castigados por enriquecimiento injustificado.
Ahora le toca a la ciudadanía denunciar a personas que consideren han incurrido en actos de corrupción o en enriquecimiento ilícito.
EcuadorUniversitario.Com