El Pleno del Consejo de Educación Superior –CES- resolvió por unanimidad, el 15 de octubre, la intervención integral de la Universidad de Guayaquil, ante la sucesión de hechos de violencia que impidieron el normal funcionamiento de este centro académico. La medida tendrá una duración de 90 días, prorrogables de conformidad con la Ley.
La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional que será presentada este jueves 18 de octubre, a las 10:30, en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario, estará integrada por Roberto Passailaigue, en calidad de presidente; Fernando Espinoza, miembro Académico; Christian Pazmiño, miembro Administrativo Financiero; y, Tito Quintero, miembro Jurídico.
La intervención es de carácter integral, lo cual supone la posibilidad de que quien presida la Comisión Interventora ejerza las actividades del rector.
La intervención es un proceso legal, que tiene su respaldo en los artículos 197 y 199 de de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
«Art. 197.· Proceso de intervención.- El proceso de intervención es una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley.
Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas autoridades.
La Comisión interventora podrá, de considerarlo pertinente, solicitar a la comunidad universitaria el inicio de los procesos de revocatoria de mandato de las autoridades electas de la institución de educación superior intervenida, en los terminas previstos en esta Ley.
El Reglamento que dicte el Consejo de Educación Superior, establecerá todos los procedimientos necesarios para el cumplimiento de estos fines.
La designación de la Comisión interventora la efectuará el Consejo de Educación Superior.
El Presidente de la Comisión interventora deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para ser rector de una universidad o escuela politécnica.
La Comisión interventora tendrá la facultad y la obligación de iniciar toda acción de carácter administrativo o judicial ante organismos de control y la función judicial, respectivamente, cuando encuentre que las actuaciones de las autoridades de la institución de educación superior intervenida, así lo ameriten.».
«Art. 199.· Causales de intervención.· Son causales de intervención:
a.- La violación o el incumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República, de la presente Ley, su Reglamento General, los reglamentos, resoluciones y demás normatividad que expida el Consejo de Educación Superior, y el estatuto de cada institución;
b.- La existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico- financieras, establecidas en la normatividad vigente que atenten contra el normal funcionamiento institucional;
c.- La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento y los derechos de la comunidad de la institución de educación superior, que no puedan ser resueltas bajo sus mecanismos y procedimientos internos.»
Es de esperar que en el menor tiempo posible, se normalicen todas las actividades administrativas y académicas de la Universidad Estatal de Guayaquil, la universidad más grande del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones universitarias en varios lugares del país.
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