La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, presentó hoy su renuncia a través de una carta dirigida a los  ecuatorianos en la que manifiesta  que el país quiere y necesita paz para avanzar. ‘El país no merece está inestabilidad, por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta’, anunció.

Además,  dijo que no se prestaría para abonar a rumores de una posible muerte cruzada, renuncia del dignatario Lenín Moreno o que cause grave conmoción interna. ‘Toda acción es en beneficio de los ciudadanos’, advirtió.

Vicuña también difundió en Twitter la carta de renuncia, dirigida a la ciudadanía, con fecha de hoy. En la misiva, afirma que la decisión la tomó tras una profunda reflexión. Recuerda que está vinculada a la política desde los 14 años y fue testigo de luchas de izquierda contra gobiernos antipopulares. Igualmente, alerta que en este caso hay una trama en su contra, la cual definió como bajeza.

Vicuña fue acusada de cobrar diezmos por Ángel Polivio Sagbay, quien fue su asesor cuando ella fungía como asambleísta. A raíz de la denuncia, la Fiscalía abrió una indagación previa en contra de Vicuña.

En una declaración juramentada, Sagbay afirma que depositó mensualmente, por un año, 300 dólares a la cuenta personal de Vicuña y a partir de un ascenso dentro del equipo de la legisladora el monto subió a mil 400 dólares.

Mientras tanto en la Asamblea Nacional se habla de solicitar juicio político.

‘Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos saben que esta canallada es por el cargo que ocupo’, asegura Vicuña en su carta.

‘Dejo una vicepresidencia que realizó un trabajo articulado y efectivo por las queridas provincias de Manabí y Esmeraldas, tan afectadas tras el trágico terremoto de abril de 2016, una vicepresidencia que ha trabajado sin descanso por los actores de una economía popular y solidaria’, añade.

A partir de ahora Vicuña asumirá junto a su equipo jurídico la defensa de un caso en el cual, para muchos, ya está condenada. En su contra pesa el hecho de que la Alianza Bolivariana Alfarista, organización para la cual supuestamente estaban destinados los fondos, no está legalmente reconocida como formación política.