Con nueve votos afirmativos se aprobó el informe por el cual la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional proceda con el juicio político en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno.
La Comisión de Fiscalización también planteó que el Pleno de la Asamblea censure y destituya a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, «por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley».
El juicio fue auspiciado por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
INFORME DE 84 PÁGINAS
En el documento, que contiene 84 páginas, se recoge las versiones y testimonios rendidos durante la sustanciación de la solicitud de juicio político, tanto como pruebas de cargo, cuanto de descargo, así como los documentos enviados por distintas entidades públicas, privadas; organismos de derechos humanos; el informe de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos de octubre de 2019 y la correspondiente resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, en torno a esta temática.
La mesa de fiscalización acoge únicamente dos de las causales establecidas por los interpelantes que configuran el incumplimiento de funciones, pues se deja a salvo su responsabilidad por la tardía convocatoria al Comité Interinstitucional de Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, ya que no es parte de sus competencias como ministra de Gobierno.
Conforme lo expuesto, concluye que, del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se comprueba que durante el paro de octubre de 2019, la Policía Nacional sí utilizó bombas caducadas para el control de las manifestaciones.
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