Por: Dr. Gustavo Vega Delgado PhD.
Rector de la Universidad Internacional del Ecuador -UIDE-
El presidente llegó con banda y todo, llevando bajo el brazo la propuesta reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, a la Asamblea Nacional. Ella carga tres puntos cardinales: autonomía, admisión-nivelación y conformación del nuevo Consejo de Educación Superior.
En los artículos 17 y 18 de la LOES se insiste con más énfasis en la necesidad de impulsar la autonomía universitaria, libertad para auto dirigirse y para diseñar modelos educativos, estatutos y normas.
Se robustece la libertad de cátedra, los planes y programas, los órganos de gobierno de cada institución de educación superior. Libertad para nombrar sus autoridades, su personal, la adquisición de patrimonio y el presupuesto. Las universidades públicas se someten al sistema de contratación pública. (Necesario, pero engorroso y burocrático).
La gratuidad del tercer nivel para las universidades públicas, sin embargo, trae limitaciones; en el artículo 80 se menciona que los estudiantes que aprueben al menos 60 % de las materias o créditos de su malla curricular lo tendrán, no se cubrirán segundas y terceras matrículas siempre que se escoja una sola carrera, salvo cambio de carrera con la justificada homologación. Se amplía la gratuidad a los residentes permanentes.
Aderezo aquí una digresión. Un expresidente reciente, cuando estudiante universitario migró por al menos tres carreras universitarias: arquitectura, psicología y finalmente administración. (No hubiese sido sujeto de gratuidad de aplicarse esta norma).
Un tema tabú que no es posible, al momento que vive el país, discutirlo es el de la matrícula diferenciada que antes autorizaba la Constitución del 98; ella volvía a cada universidad pública más competitiva y evitaba la inanición y la auto extinción financiera; un 20 % del presupuesto de algunas dependía de rentas propias, con evidente protección de gratuidad plena para los grupos vulnerables, inclusive con becas completas para quienes lo necesitaban; sin embargo, en este momento ese debate podría ser inadecuado porque en banca rota el país, la economía en general de estudiantes y sus padres, colapsan.
La admisión y nivelación se circunscriben a los méritos, a la igualdad de oportunidades y a la libertad de elección de los bachilleres en lo que quieran estudiar. No está claro cuál es el órgano rector de la política pública que elaborará las directrices y criterios, podríamos entender que es el Consejo de Educación Superior, podría ser la Senescyt; sin embargo, el propio presidente Lasso en las dos últimas campañas electorales planteó la extinción de este último organismo. Una vez en el ejercicio del poder, ha relativizado este anuncio. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra.
Los artículos 81 y 82 proponen medidas afirmativas y la opción para cursos preparatorios, preuniversitarios y propedéuticos (antaño algunas universidades públicas como la Escuela Politécnica Nacional, Universidad de Cuenca, ya lo adoptaron de forma exitosa. Los costos de los procesos de nivelación se endosan a las universidades y no al Gobierno, lo que producirá oposición y más que un resquemor.
El documento de 15 páginas repite reiteradamente una cantaleta herencia del correato: habla de dos órganos rectores, el de la política pública y del sistema nacional de educación.
Un punto a favor es que la propuesta insiste en la libre decisión de vocación estudiantil para su elección, sin tutelas desde arriba. Hago un paréntesis; más de la mitad de los bachilleres no saben a ciencia cierta qué carrera elegir en el pos bachillerato; esta falta de decisión vocacional se debe a varias razones: el país no tiene un college como en la mentalidad anglosajona, en donde el bachiller estudia troncos comunes previos para afinar y al filtrar procesos vocacionales más firmes. En parte también se debe a que en la época de Correa se implantó el bachillerato unificado, lo que diluyó las opciones vocacionales de los bachilleres.
Un leitmotiv que fatiga es la recurrente cantaleta al “órgano rector de la política pública”.
Hay una limitación que la propuesta enfatiza; se requiere un bachillerato en artes para los conservatorios, para la Universidad de las Artes, para los institutos superiores en artes y para las escuelas de artes de las universidades que tengan esa carrera en el país. Esta restricción también merece debate, pues es cierto, que para quienes son formados como artistas es beneficioso que desde temprana edad se enrolen en esos campos, pero esta propuesta elimina la opción que surja una vocación posterior o tardía para las artes, si el bachillerato logrado por aquel candidato no ha sido emitido en dicho campo; eso puede determinar, una rémora para aquellos que descubren talentos artísticos después de haber sido graduados en otras disciplinas que no sean las artes en el bachillerato.
Ojalá en la versión definitiva de la reforma a la LOES contemple la devolución del gobierno a las universidades y a los institutos en materia patrimonial, arquitectónica, de cultura y de arte que a lo largo de más de 45 años las Instituciones de Educación Superior, poseyeron en propiedad a través del primigenio CES, el CONUEP y el CONESUP. Bienes que fueron despojados en el periodo de Correa vía legal pero ilegítima.
La propuesta reformatoria de Lasso en relación a los institutos superiores pedagógicos y pedagógicos bilingües, en el artículo 115.4 señala que aquellos podrán articularse a la UNAE o a otras universidades que tengan esta calidad. Sería más saludable no mencionar con preferencia a una universidad, ya que existen otras muchas en el país que trabajan sobre educación: las facultades de filosofía, letras y educación del país son espacios de tradición en el campo.
Se propone autonomía administrativa financiera y de autogestión para los institutos, lo que abre un debate importante: ¿deben también los institutos tener autonomía?
En el título Carácter Lucrativo de las Instituciones de Educación Superior (IES) dentro del artículo 161 se lee que las universidades públicas estarán sujetas a la Contraloría y las universidades privadas al SRI; empero, cabe una lágrima y una sonrisa: la crisis en seguidilla que ha tenido la Contraloría en el Ecuador reciente ha desalentado la confianza en ella. ¿Quién controla al Contralor?
El SRI debe a las universidades entre dos y tres años la devolución del IVA que por ley debe retornar; se les adeuda a cada una varios millones de dólares y por años acumulados. Existe un decreto correcto y reciente fuera de esta propuesta de Ley que resulta muy saludable, pues prohíbe a futuro que se envíe lo que se retiene en la fuente.
El artículo 169 abarca lo concerniente al Consejo de Educación Superior (CES); en el literal j) aprobará la fórmula de distribución anual para las universidades públicas, tema crítico pues las finanzas son su recurrente talón de Aquiles; sin metáforas, deben forzarse a hibernar o entrar en brumación para salvar su metabolismo institucional; el literal n) ordena informar anualmente a la Asamblea Nacional (ok, estoy de acuerdo), al presidente (no es pertinente) y al ¿CPCCS?; una burla, porque estando en la Constitución de Montecristi, su ilegitimidad ciudadana no permite aún su extinción legal. Grupos ciudadanos han motivado al presidente Moreno primero y al presidente Lasso después, para que en una posible consulta popular se restituya la Constitución del 1998 con reformas y un up-to-date y se autorice dar de baja a la Constitución del 2008, de la cual se derivan 200 leyes orgánicas, incluida la LOES que cambiarlas suponen un voto calificado de las 2/3 partes, lo cual es cuesta arriba.
Un punto que sugiere debate dentro de este artículo es que el CES ya no aprobará las carreras de posgrado, sólo será informado.
Habemos quienes estamos saturados de la hiperregulación, pues a pesar de la reforma de la LOES del 2 de agosto de 2018, en la que ordena agilidad, en la práctica, entre seis y diez meses toma cuerpo el aval final; paralizadas las universidades frente a un reglamento de doctorados que no ve la luz, mientras tenemos que recibir PhD chimbos de algunos países vecinos que no tienen calidad. El debate consiste en que, si se elimina totalmente la regulación para el posgrado o se flexibiliza, un punto de equilibrio entre el exceso de regulación y el libre mercado es interesante, una regulación prudente.
Quien escribe fue presidente de la comisión de posgrados del CONUEP desde 1995, espacio en donde se aprobaban ya los posgrados en última instancia. En nuestro tiempo acompañábamos a las universidades para que optimicen el proyecto, no las censurábamos en la lógica de “vigilar y castigar”.
Se eliminan verbos como supervisar, controlar, fiscalizar; saludable, porque no se debe confundir al CES con la Contraloría; el primero regula, coordina y planifica, no controla.
En las disposiciones transitorias está el meollo del cambio; excelente: se superan los concursos amañados donde han existido protestas, denuncias, impugnaciones e incluso acciones de protección; exámenes que consultan sobre reglamentos y una jerga indigesta para el paladar del espíritu.
Tiene beneficio de inventario para la Academia que se reemplace al CES, que se suspendan los concursos que opacidad ofrecen y que se nombre un Consejo transitorio. Sin embargo, concedo valor a algunos de los consejeros actuales.
Otro punto a favor es que 9 representantes vengan de la Academia reclutados por Colegios electorales y apenas 5 miembros vengan del Gobierno. Es objetable que el presidente del CES sea designado por el presidente de la República; sin embargo, la composición en cuanto al número comparativo es saludable: 4 de las universidades públicas, 3 de las privadas, 1 de los institutos particulares y 1 de las universidades de posgrado.
Aun así, soy crítico en la composición interna de las curules; por ejemplo, dentro de las 4 curules de las universidades públicas, 1 deberá ser de las escuelas politécnicas. Miren ustedes que existen 5 escuelas politécnicas en el país y las 5 ¿tendrían un solo representante?
Entre las privadas -que son 3 las curules- 1 deberá depender de las universidades cofinanciadas que son 8, un solo representante de 8 versus, por ejemplo, un representante de las 3 U de posgrado. Muchas, si no todas las universidades ofertan posgrados. No es patente de tres. La UIDE por ejemplo tiene 48 ofertas de posgrado al momento.
La simetría equitativa de los números debería ser filtrada en un debate creativo y productivo entre la Academia y la propia Asamblea Nacional.
También criticaría que hay una curul para los institutos particulares y ¿qué de los institutos públicos? . Además, se plantea un solo estudiante con voz en el CES. ¿Una regresión de derechos? Pues anteriormente eran 3: por los politécnicos, por las universidades públicas y por las privadas.
Conviene afinar mejor los pesos específicos internos de esos académicos; una notoria mayoría de los académicos frente al gobierno es un punto a favor.
Se otorga un año al CES transitorio para preparar un nuevo proyecto integral de reforma a la LOES y sobrevida de 2 años renovables si su misión no concluye.
Estaremos alerta; ¡buena mar y buen viento! para un futuro diferente en la educación superior en donde respiremos ambiente de libertad, siempre con la visión de calidad y pertinencia. A pesar de que el proyecto no pone la brújula sobre la internacionalización. En los dos únicos Foros Mundiales de Educación Superior en la UNESCO -1997 y 2008- (en los mismos que participé) este tema ha sido dominante para intercambiar investigación, docencia, dobles titulaciones, en un escenario cada vez más global buscando apostar por una educación visionaria, sin perder identidad y personalidad propia sobre lo local, país, región y continente, pero englobando una misión planetaria frente a un mundo abierto que vino para quedarse.
Agosto de 2021