A las 16h00 de este martes 17 de julio de 2012 se firmó en el “Salón Victoria” del Hotel Dann Carlton, el convenio entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) y DIRECTV para conjuntamente combatir los posibles ilícitos en el ámbito de sus competencias dentro de la prestación de los servicios de audio y vídeo por suscripción.
La firma de esta alianza se justifica en razón de que existen sistemas que utilizan equipos de otras operadoras para operar y explotar dichos servicios, así como otros que permiten la redistribución de señales. Estas prácticas atentan contra el ordenamiento jurídico, derechos de las personas e intereses del Estado.
La SUPERTEL y DIRECTV dentro de sus áreas de competencia formarán grupos de trabajo para desarrollar los objetivos, planes y proyectos para la detección y detención de estos ilícitos, para lo cual aunarán esfuerzos para la consecución de sus fines.
La empresa concesionaria DIRECTV se comprometió, entre otras acciones, a difundir en su programación el perjuicio que ocasiona al Estado el uso de aparatos o equipos no autorizados para la prestación de servicios de audio y video por suscripción; así como el transmitir programación que no esté debidamente contratada con sus proveedores.
Dentro del convenio en referencia también se estipula la realización de eventos, seminarios, talleres, capacitación que permitan el desarrollo del conocimiento sobre aspectos inherentes al control, materia del presente convenio.
Coordinación para detener ilícitos
El junio del presente año, la Superintendencia de Telecomunicaciones en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual remitieron una comunicación al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y a la Fiscalía General del Estado solicitando que se realicen las coordinaciones necesarias para establecer los mecanismos y acciones pertinentes para el caso de detectarse el ingreso y comercialización de aparatos decodificadores de señales de televisión pagada, se tomen las respectivas medidas de frontera y de esta forma el IEPI apoye con el informe legal de propiedad intelectual correspondiente, soportado a su vez en un informe técnico y legal de la SUPERTEL por ser el Organismo encargado del control de los servicios de radiodifusión y televisión, incluido audio y video por suscripción.
A través de los decodificadores o dispositivos, que son ofrecidos en distintos lugares como almacenes, centros comerciales, casas particulares, etc., que no provienen de un sistema debidamente autorizado por el Estado ecuatoriano, se violenta disposiciones legales, como por ejemplo las prescritas en los artículos 99 y 325 de la Ley de Propiedad Intelectual. Adicionalmente esta práctica causa un prejuicio al Estado ecuatoriano, pues no se cancela pago alguno por derechos de concesión del servicio establecidos en la Resolución No. 886-CONARTEL-99, publicada en el Registro Oficial No. 224 del 1 de julio de 1999 en la que se publican las Tarifas por Concesión y Utilización de Frecuencias, Canales y otros Servicios de Radiodifusión y Televisión; no se recauda ni paga el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales, con lo que se incurre también en delitos tributarios.
Estas acciones coordinadas permitirán combatir la piratería en la televisión pagada en el país.
