El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sobre el estado, alcances y resultados del proceso de reconocimiento mutuo de títulos de educación superior entre las Repúblicas del Ecuador y de Chile, en el marco del ejercicio de control político y fiscalización legislativa.
Durante la sesión, la delegada del Ministerio, María Alejandra Cevallos explicó que el convenio de reconocimiento mutuo de títulos fue suscrito en 2015 con el objetivo de facilitar la homologación de títulos de educación superior entre ambos países. No obstante, su aplicación se ha visto afectada por cambios normativos posteriores, especialmente en los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
En el caso ecuatoriano, actualmente se acreditan carreras y programas académicos, mientras que en Chile se mantiene la acreditación institucional de universidades. Esta diferencia estructural ha generado dificultades técnicas para la ejecución del convenio, al no existir criterios plenamente compatibles de equivalencia entre ambos modelos, lo que ha derivado en observaciones por parte de la autoridad chilena y en demoras en su implementación.
La delegada detalló que, hasta enero de 2025, se consolidó un informe conjunto sobre las acciones ejecutadas y los puntos de convergencia e incompatibilidad normativa. A partir de ello, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Cancillería, impulsó gestiones diplomáticas y técnicas para instalar mesas de trabajo bilaterales que permitieran adecuar el convenio a la realidad normativa vigente de ambos países.
Durante la sesión, asambleístas destacaron la afectación a la comunidad ecuatoriana residente en Chile, en particular a profesionales del área de la salud que no han podido ejercer su profesión por no contar con el reconocimiento de sus títulos. Se señaló que esta situación impacta directamente en la economía y estabilidad de cientos de familias ecuatorianas.
El Ministerio de Educación reiteró su disposición para avanzar en una solución integral, señalando que ha puesto a disposición del Gobierno de Chile toda la información normativa requerida, ha designado puntos focales técnicos y ha planteado la posibilidad de suscribir un nuevo convenio que contemple mecanismos acordes a los sistemas actuales de acreditación, tanto para nuevos profesionales como para quienes ya residen en Chile.
Finalmente, se enfatizó que una solución definitiva requiere voluntad política binacional y un trabajo coordinado entre las autoridades educativas, los organismos rectores de la educación superior, la Cancillería y los gobiernos de ambos países, con el fin de garantizar el ejercicio de derechos y la movilidad académica y profesional de la ciudadanía.
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