Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Ex Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales
Este artículo continúa la reflexión iniciada anteriormente sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de nuestras sociedades. Un país no construye capacidades científicas únicamente reuniendo investigadores talentosos o financiando proyectos aislados. La ciencia necesita instituciones que le permitan sostenerse en el tiempo, desarrollarse y vincularse con los problemas concretos de la sociedad. Cuando no existen políticas públicas estables, cada gobierno redefine las prioridades, interrumpe programas o vuelve a comenzar aquello que ya había sido iniciado. En esas condiciones, la producción de conocimiento termina dependiendo de esfuerzos individuales y no llega a convertirse en una verdadera capacidad nacional. Hacer ciencia exige continuidad, organización y una visión de largo plazo que no puede quedar subordinada a los ciclos electorales de los políticos de turno.
El primer paso es reconocer a la ciencia como una política de Estado. Esto supone establecer prioridades nacionales mediante el diálogo entre universidades, centros de investigación, instituciones públicas, empresas, gobiernos locales y comunidades. Ecuador necesita definir qué conocimientos son fundamentales para enfrentar la desnutrición, las enfermedades, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la transformación productiva y el uso responsable de la inteligencia artificial. No se trata de imponer una agenda única, sino de combinar la libertad de investigación con desafíos nacionales que requieren cooperación y recursos sostenidos. Los organismos que regulan la educación superior deben concentrar sus esfuerzos en construir instituciones sólidas para investigar e innovar, y no limitarse a administrar o reproducir conocimiento. Un consejo nacional de ciencia, con autonomía técnica y participación plural, podría definir orientaciones de largo plazo, evaluar avances y proteger la continuidad de las políticas. Los ministerios deberían contar con unidades capaces de conectar la evidencia científica con las decisiones públicas, mientras las universidades fortalecen espacios de colaboración con el Estado y los territorios.
Hacer ciencia es también un acto de humildad, porque implica reconocer lo que todavía ignoramos. Esa actitud debería formar parte de la gestión gubernamental porque gobernar significa preguntar, escuchar a quienes conocen y corregir las decisiones cuando la evidencia demuestra que no funcionan. Ninguna institucionalidad científica será sólida sin financiamiento estable, carreras dignas para los investigadores, apoyo a los jóvenes científicos, infraestructura y mecanismos transparentes de evaluación.
Construir políticas públicas para la ciencia significa crear reglas, organizaciones y acuerdos que sobrevivan a los gobiernos y permitan utilizar el conocimiento para mejorar las decisiones colectivas. La ciencia no debe aparecer solamente durante una pandemia, un desastre natural o una crisis ambiental. Debe estar presente en la planificación, en la evaluación de las políticas y en la conversación pública. Un país que crea instituciones para investigar sus problemas amplía su autonomía, reduce su dependencia y fortalece su capacidad para imaginar el futuro. La ciencia necesita libertad, pero también un Estado que la valore, la sostenga y sepa escucharla con políticas públicas e instituciones sólidas.