Se democratizó el acceso a las aulas pero impulsando la contratación a tiempo
parcial o por «hora cátedra» como mecanismo para absorber el crecimiento.
Un nuevo estudio del Centro de Pedagogías Universitarias (CPU), iniciativa conjunta de UNESCO IESALC y la UNAD, revela que esta masificación se financió en gran medida mediante la precarización de las condiciones docentes en países como México, Colombia y Perú. Esta modalidad de contratación reduce los costos institucionales al no generar compromisos de investigación ni carrera académica, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres en las figuras contractuales más inestables.
Al comparar 14 sistemas nacionales de la región, el informe clasifica su desarrollo pedagógico en tres niveles de articulación, que abarcan desde políticas de Estado consolidadas (Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina) hasta estructuras descentralizadas con «islas de excelencia» (México, Brasil, El Salvador, Bolivia y Panamá). Además, la investigación plantea la urgencia de construir una «soberanía tecno pedagógica» frente al uso de la inteligencia artificial generativa, advirtiendo que la falta de políticas explícitas puede ampliar las brechas entre universidades con recursos para licencias y aquellas sin ellos. Como autocrítica regional, el documento señala que aún falta evidencia sobre el impacto de la formación docente en la retención estudiantil, el reconocimiento externo de las microcredenciales y la incorporación de la perspectiva de género en la oferta formativa.
Frente a estas tensiones estructurales, el estudio propone líneas de acción orientadas a dignificar la docencia vinculando la capacitación pedagógica a incentivos salariales, esquemas de promoción y marcos normativos de estabilidad laboral. Asimismo, recomienda valorar el enfoque de investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje (SoTL) al mismo nivel que la producción científica disciplinar, reconocer microcredenciales bajo estándares verificables y regular el uso ético de la inteligencia artificial.
Finalmente, se recalca que revertir la precarización requiere una estrategia clara de financiamiento público para evitar que la estabilidad del profesorado termine trasladándose como un costo adicional al arancel de los estudiantes.