Por: Dr. Juan Morales Ordóñez
Entre nosotros, en los años ochenta y noventa del siglo anterior en el ámbito de la administración de empresas, se popularizó el concepto de la palabra inglesa “benchmarking” que significa comparar prácticas organizacionales propias, con las de otras instancias consideradas como poseedoras de unas que son mejores.
En Ecuador, en los últimos tiempos, la administración pública comparó sus prácticas con las mejores de los sectores privados y públicos nacionales e internacionales, para implementar unas propias que actualmente la identifican. Se definieron procesos, indicadores de calidad, se priorizó la atención al ciudadano y se estableció en muchos casos, una administración por resultados. Lo público se transformó y sigue haciéndolo para encontrar, en todos sus frentes, niveles de eficiencia cada vez altos.
Este fenómeno se evidencia con mucha fuerza en las universidades ecuatorianas. Las públicas, por definición constitucional y legal, reciben del Estado un apoyo especial a través de la asignación de importantes recursos orientados a la transformación positiva de su realidad académica. Las privadas, al ser instituciones de educación superior que pertenecen al sistema nacional también se benefician de las políticas gubernamentales, sin embargo deben realizar un esfuerzo especial y propio para compensar el respaldo que el Estado brinda a las universidades públicas.
Existen universidades privadas puras y también cofinanciadas por el Estado que están compelidas, en esta ocasión, a mirar las buenas prácticas que pueden darse en lo público, para emularlas, si así lo consideran pertinente. Sus estudiantes, profesores y personal de gestión, dependen de los niveles de mejoramiento organizacional y académico que puedan realizar. Y esta, es una responsabilidad muy grande para sus autoridades especialmente y también, por supuesto, para sus profesores y administrativos.
Menciono solamente una buena práctica: la acreditación internacional. La ciudadanía en general y la comunidad universitaria en especial, conocen la decisión gubernamental de acreditar las carreras técnicas de siete universidades públicas categoría A. Esta resolución implica una exigencia mayor para esas carreras y universidades, pues los estándares de calidad de las dos agencias acreditadoras estadounidenses -que serán quienes realicen el proceso- son más severos, situación que incidirá positivamente en el mejoramiento acelerado y obligatorio de sus sistemas de gestión, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, para cumplir con esos altos requerimientos.
Algunas carreras de universidades privadas podrían dar un paso parecido. Existen agencias privadas y sistemas gubernamentales de acreditación universitaria internacional con los cuales las instituciones privadas podrían implementar procesos de reconocimiento de sus carreras, con los evidentes y positivos beneficios que esta decisión implicaría para los miembros de su comunidad.