Por: Dr. Axel Didriksson
La universidad pública debe ser, y para ello debe elaborar políticas que contengan estos principios y responsabilidades, la institución central del sistema educativo y de la sociedad. Se trata de la lucha por definir con claridad un espacio en la misma sociedad y en la normatividad política colectiva del Estado. Es esto lo que contiene la idea de definir una política de Estado para la educación superior, la ciencia y la tecnología, en donde desde su autonomía institucional, la autoridad de la razón crítica y del bienestar social sustituya a la autoridad de la tradición y del mercado, de la ignorancia y de la explotación.
Se trata con ello de que haga vigente, en primer lugar, que el conocimiento, el aprendizaje, la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben ser bienes de carácter esencialmente públicos, y de normar y regular estrictamente el incrementado valor comercial de la propiedad intelectual. No se le niega, pero el interés público por y para la educación y de la sociedad debe estar por encima del interés individual y de lucro.
La universidad pública, como institución fundamental de la sociedad y del Estado, tiene por tanto, un conjunto de tareas estratégicas. La primera de ellas es, precisamente, la redefinición de sus relaciones con el Estado y con la misma sociedad, ahora deformadas y vilipendiadas.
Para muchos gobiernos (afortunadamente también contamos con otros y de otro signo, ahora), estas relaciones no se corresponden con un proyecto nacional, ni con los intereses colectivos. Se asume, de forma implícita pero a menudo de forma muy objetiva, que la universidad pública debe constreñir sus actividades académicas a las necesarias, por lo que no debe ni tiene por qué contar con recursos suficientes y crecientes para el desempeño de sus labores. Se le condicionan recursos extraordinarios sólo garantizados cuando se ha verificado el desempeño de sus actividades, a imagen y semejanza de un modelo que nadie sabe a ciencia cierta cuál es, pero que se proclama como uno de calidad y excelencia desde las oficinas y cubículos de los ministerios de educación pública. Una política de Estado debe ponerse en marcha desde otra lógica, para sustituir a la que no existe y se oculta.
Se requiere impulsar una política de Estado que preserve la identidad de la educación y atienda el reordenamiento de los estudios profesionales, con el fin de que estos respondan con mejores formas de organización, oferta y condiciones a los requerimientos del desarrollo del país. El gobierno, la administración y el financiamiento de la educación superior requieren de un ordenamiento completo, así como establecer mecanismos de financiamiento pertinentes. Por otra parte, esto requiere de un amplio sistema de información de la educación superior, que permita tener una visión precisa y certera de los recursos, infraestructura y potencial de cada institución.
Una política de Estado debe expresarse, en lo fundamental, en una política de financiamiento. Desde este plano, una política de Estado de la educación superior debe hacer referencia, en primerísimo lugar, a la responsabilidad del financiamiento del Estado a la educación superior desde una perspectiva estratégica, por los actuales y los próximos gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, en un horizonte de largo plazo. Desde el plano del interés del Estado y de la sociedad debe contemplar distintas modalidades, instrumentos fiscales y no fiscales, y la participación y contribución del conjunto de los sectores productivos nacionales.
Es necesaria una política de Estado que comprenda el reconocimiento de la docencia y la investigación y que enlace todas las estrategias que permitan que México cuente en sus instituciones con académicos bien formados, cuyos beneficios repercutan en el sistema sin concentrarse exclusivamente en una sola institución de por vida.
Las políticas de Estado en materia de educación superior deberán necesariamente considerar el apoyo económico a los estudiantes, el aseguramiento de una plataforma de conocimiento y habilidades básicas al iniciar su formación superior, los mecanismos que alienten la calidad y la eficiencia, así como programas que den a los estudiantes oportunidades para fortalecer su formación con experiencias en otras instituciones y en, su caso, en otros países.
Una política de Estado en materia de educación superior debe dar continuidad al apoyo que se ha brindado a los estudios de postgrado, debe alentar a más jóvenes a ingresar y, al mismo tiempo, tiene que señalar las estrategias para que establezcan mecanismos de cooperación y vinculación viables entre las empresas y los sectores del desarrollo nacional con las instituciones de ecuación superior.
La constitución de un nuevo sistema educativo permanente y para toda la vida será obra de una nueva política educativa de Estado, entendida como un conjunto de principios, metas y objetivos comunes, tanto para el sector público como para el privado, para el aparato de gobierno como para la sociedad, para los grupos sociales como para los particulares y los individuos. Esta nueva política educativa concentrará una gran voluntad política, construida desde un consenso social expresado como un mandato popular de corto, mediano y largo plazo.
Los cambios no pueden implicar que se elimine la diversidad de objetivos de la educación superior. Se trata de un nuevo reto: conciliar la conservación con la renovación. Mantener vivo todo cuanto sea digno de conservarse y cambiar lo que se considere que deba cambiar para entrar en este nuevo milenio de conocimiento, de la información, de la técnica y también de los nuevos valores (derechos humanos, democracia, pluralidad, tolerancia, igualdad, reciprocidad, equidad, justicia, etcétera) en el que, de hecho, ha entrado la historia humana.
Así, una visión de Estado en torno a la educación superior, la investigación humanística, científica y tecnológica implica un proceso de transformación que se sustente en las siguientes bases:
Los intereses mayores de una política de Estado en México se sustentan en los de la sociedad y del mismo Estado.
La organización de un nuevo modelo de universidad pública debe sustentarse en la articulación de sus funciones y en la atención a los requerimientos de la sociedad, de la construcción de todos los campos de conocimiento y saberes, en la perspectiva de la complejidad misma de su esencia institucional y de su identidad histórica.
Los recursos financieros para el desarrollo de la universidad pública son inalienables, no pueden ser reducidos ni redefinidos y, desde el plano de la consecución de una estrategia de largo plazo, deben ser crecientes en correspondencia con los objetivos de su expansión y mejoramiento.
NOTA: Este es un fragmento de su conferencia presentada en la reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUAL en la Universidad de Panamá en Noviemrbe de 2006.