La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció que el proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica es prioritario en la agenda legislativa y que entraría al Pleno esta semana.
En el mismo sentido, Óscar Ledesma, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, dijo que su tratamiento y aprobación constituye un mandato del artículo 250 de la Constitución.
El proyecto de Ley considerará la posibilidad de incrementar recursos para los gobiernos parroquiales rurales, expresó Ledesma, al enfatizar que sobre este tema hay que seguir en conversaciones con el Ejecutivo.
Recordó que la vigésimo octava transitoria de la Constitución dispone que no podrán disminuir las rentas por la explotación del petróleo a favor de la Amazonía, establecidas en la Ley 010, cuyos beneficios se trasladarán a la nueva normativa. Por tanto, los gobiernos municipales, provinciales y parroquiales, conservarán plenamente, la tabla de distribución de los recursos económicos.
Además, en el documento está la creación del fondo común, que se financiará con los excedentes y las regalías de las actividades mineras e hidroeléctricas, que se desarrollan en la zona amazónica. En razón de las buenas perspectivas de activación de esas actividades en el futuro, el fondo será significativo y servirá para fomentar y consolidar el desarrollo de la región, destacó.
Baños y Penipe
Expresó que la propuesta del Presidente de la República, corrige un error que existía en cuanto a que se había categorizado como municipios a seis juntas parroquiales, dos de Baños y cuatro de Penipe. «Tomando en cuenta que esas áreas son de amortiguamiento e influencia de límites Sierra – Amazonía, nosotros no tenemos mayor inconveniente que continúen participando de estos recursos», agregó.
Organismo técnico
En vista que cumplió su etapa, el ECORAE desaparece para dar paso a la Secretaría Técnica, que vigilará que la planificación en la Amazonía se realice en función de los tiempos y actualizaciones de la gestión avanzada y, lo que es más, tendrá la custodia del fondo común y capacidad de calificar los proyectos.
Atrás queda la ejecución de obras y proyectos, situación que generó un problema, ya que se duplicaban actividades y esfuerzos de los GAD, argumentó.
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