En Ecuador, seis de las ocho universidades acreditadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), en categoría “A”, son Instituciones de Educación Superior Públicas.
Destacan: Escuela Politécnica Nacional (EPN), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Universidad de Cuenca (U.de Cuenca),Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador.
Asimismo, otras IES públicas de categoría B están acreditadas por el CEAACES.
La acreditación del CEAACES significa que estas Instituciones de Educación Superior (IES) públicas se han hecho merecedoras del crédito, es decir, se han ganado o ratificado la confianza a través de las evidencias de tener calidad y creer en ella. Tal crédito les permite a estas universidades y escuelas politécnicas, entre otros aspectos, agilizar la apertura de nuevos programas académicos en el país, acceder a mejores fuentes de ingresos, respaldar a los grupos de investigación para que puedan desarrollar sus actividades y formar nuevas generaciones de profesionales e investigadores u ofrecer servicios de alta especificidad técnica, tecnológica y científica.
Las universidades públicas son la demostración palpable de que la gratuidad y la calidad pueden ir de la mano, de que lo público no riñe con la excelencia, de que la democracia puede y debe ser fundamento de la convivencia en las aventuras del conocimiento, tal como lo destacó el pasado 20 de abril Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante una conferencia magistral ofrecida en la inauguración del año académico de la estatal Universidad de Chile, la primera fundada en el país, en 1842.
América Latina y el Caribe -dijo- debe apostar por un nuevo modelo de desarrollo, sostenible en lo económico, social y ambiental, para lo que se requiere una “nueva agenda académica”, alineada con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La máxima representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reivindicó el rol del Estado en la innovación y llamó a reforzar el vínculo entre las universidades y el sector productivo y a crear redes regionales de investigación.
Durante su presentación, titulada “Panorama económico y social de América Latina y el Caribe ante el nuevo contexto global”, Bárcena abordó cuatro dimensiones clave que pueden orientar los esfuerzos de los países de la región por alcanzar el desarrollo sostenible: igualdad, innovación, integración e inversión.
Después de dos años de contracción económica, dijo, se proyectan tasas positivas (aunque bajas) de crecimiento del producto interno bruto de América Latina y el Caribe en 2017, pero sigue preocupando la caída de la inversión pública y privada y el estancamiento de la productividad. “Existe además un riesgo de deterioro social por el bajo crecimiento, el mayor desempleo y el menor gasto público”, añadió.
Ante la gran incertidumbre actual, la integración regional se hace más necesaria que nunca, indicó Bárcena, para lo que se debería “impulsar la convergencia entre los actuales mecanismos regionales de integración, avanzar hacia un mercado único digital, implementar un programa regional de infraestructura, desarrollar cadenas productivas regionales y acelerar la agenda de facilitación de comercio”.
Se requiere, sostuvo, apoyo gubernamental a los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de carácter industrial; uso de mecanismos de mercado en instituciones públicas de investigación (patentamiento, acuerdos de licenciamiento y transferencia tecnológica); establecimiento de clusters, polos o parques tecnológicos; y la construcción de redes y alianzas para el intercambio de información científica y tecnológica, entre otras medidas.
Actualmente la inversión en I+D de la región es ínfima, con cerca de 520 investigadores por millón de habitantes como promedio (muy por debajo de los países desarrollados), al igual que su participación en las solicitudes mundiales de patentes (apenas 2%).
Bárcena expuso ante una audiencia compuesta por autoridades de Gobierno, parlamentarios, representantes de las Fuerzas Armadas, miembros del cuerpo diplomático, académicos y estudiantes, además de los rectores participantes en la VIII Asamblea General de Rectores de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe (creada en 2002 e integrada por 37 universidades públicas de 20 países) que se celebró en la misma sede el jueves 20 y viernes 21 de abril de 2017.
Su conclusión fue que debe generarse una relación colaborativa entre las instituciones universitarias de América Latina y el Caribe para generar conocimiento y práctica e involucrar a las nuevas generaciones de profesionales y líderes en los procesos de desarrollo sostenible al interior de los países.
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