Los Grupos de Trabajo Universidad y Sociedad de Quito, Guayaquil y Cuenca, donde participan docentes universitarios de una docena de universidades públicas y privadas del país, hicieron público el martes 4 de julio de 2017 el documento “Lineamientos de Políticas Públicas para la Educación Superior (2017-2022)”. Este documento es una contribución al debate propuesto por las nuevas autoridades de la educación superior del país. Sintetiza los debates y diagnósticos llevados a cabo por actores universitarios e investigadores preocupados por los impactos de las políticas de educación superior en los últimos años.
ANTECEDENTES
El documento presentado a la prensa y al país expresa:
Entre los años 2007 y 2017, en el sistema universitario nacional pasamos de una estructura sin prácticamente ninguna presencia gubernamental, a una que es casi enteramente dominada por la función ejecutiva. La amplia ambición del programa de reformas emprendidas por el gobierno era congruente con la poderosa necesidad de cambios profundos en la operación del sistema de educación superior del país. Se indujeron importantes cambios en, cuando menos, seis grandes campos de funcionamiento del sistema de la educación superior: en los modelos de gobierno del sistema, en los mecanismos de evaluación, en la articulación de los diferentes niveles educativos, en los mecanismos de financiación y administración del personal académico, en los incentivos para la investigación científica y en los procedimientos de admisión de estudiantes. Estos cambios no están aislados de ciertas tendencias internacionales, donde crecen los problemas ligados a la expansión del sistema de educación superior, donde prevalece el esfuerzo de estandarización y mercantilización educativa y donde se multiplican los intentos de aprisionar a las universidades mediante una nueva serie de controles gubernamentales y de mercado.
Está fuera de toda duda que una reforma radical era necesaria en todos esos campos. El caos, ineficiencia, clientelismo, mercantilización, falta de sentido de responsabilidad en muchos campos de la educación superior y un olvido estructural del Estado hacia la universidad pública en las décadas anteriores era unánimemente percibido como inaceptable aunque existía una gran heterogeneidad y muchos logros importantes que en la actualidad muchas veces se pasan por alto. No obstante, en cada uno de esos temas centrales, en donde había un clamor social por el cambio, las herramientas escogidas y la orientación señalada por el gobierno fallaron al objetivo y erraron en la dirección deseable.
La consecuencia ha sido el perfilamiento de un sistema de educación superior más dependiente, sometido a lógicas empresariales, sumisas y atomizadas. En ese marco, y dado el inicio de un nuevo período de gobierno, se vuelve urgente proponer un conjunto de lineamientos que aprovechen las importantes inversiones e institucionalidad del sistema universitario, mientras redirige sus transformaciones hacia el desarrollo de una universidad más pertinente, inclusiva y con la autonomía necesaria para cumplir su papel de formación y reflexión crítica para una sociedad más plural, participativa y justa.
Este documento (“Lineamientos de Políticas Públicas para la Educación Superior (2017-2022)” debe entenderse como un llamado a un debate de más largo alcance basado en diagnósticos participativos y en estudios serios. En estos días vivimos un saludable proceso de debate centrados en las reformas a la LOES y en la reordenación de las políticas gubernamentales. Están en el tapete de la discusión nacional: el sistema de ingreso a las universidades; el reforzamiento de las carreras técnicas y tecnológicas; el rol de las cuatro universidades llamadas emblemáticas y una serie de negociaciones individuales con instituciones específicas. En ese marco, debemos recordar que los reglamentos y las normativas son, a fin de cuentas, la expresión de un modelo de universidad y de país. Hay que discutir los modelos detrás de las herramientas; si la idea misma de meritocracia no está detrás de la construcción de una sociedad desigual. Nuestro compromiso es debatir las políticas de educación superior en términos concretos y prácticos, pero sin perder el horizonte de la educación y la sociedad que queremos.
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