Tanto en el contexto de la COVID-19 como durante las guerras y los conflictos, la información fiable es más que necesaria: es vital. Los periodistas desempeñan una función esencial al facilitar esa información, ya que analizan, investigan y difunden datos, de modo que la gente pueda tomar decisiones fundamentadas. El periodismo es, pues, un bien público que debemos defender y apoyar como tal.
Sin embargo, a pesar de que las Naciones Unidas celebran ahora el décimo aniversario de su Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que la UNESCO se enorgullece de dirigir, los periodistas se enfrentan a un entorno que evoluciona con rapidez.
Como se indica en nuestro último informe sobre lasTendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, más de cinco de cada seis personas en el mundo viven en un país donde la libertad de prensa ha disminuido en los últimos cinco años. Unos 400 periodistas fueron asesinados durante el mismo periodo solo por hacer su trabajo.
Las tecnologías digitales están revolucionando aún más este panorama, pues han posibilitado intercambios de información sin precedentes, favoreciendo un periodismo sin fronteras. Ahora podemos ver lo que ocurre en cualquier lugar del mundo en cualquier momento.
Pero estas oportunidades también llevan aparejados nuevos retos. La aparición de las plataformas en línea ha puesto en entredicho la viabilidad económica de los medios de comunicación independientes y pluralistas, alterando drásticamente las cadenas de valor y los modelos de negocio existentes.
Además, la era digital aumenta el riesgo de que los profesionales de los medios de comunicación y sus fuentes se conviertan en blanco y sean objeto de acoso y ataques, por ejemplo, debido a la conservación de datos, los programas espía y la vigilancia digital.
Las expresiones de odio contra los periodistas se han disparado y han afectado especialmente a las mujeres periodistas. Nuestras investigaciones muestran que más de siete de cada diez reporteras encuestadas han sufrido violencia en línea.
Y como rara vez estas tecnologías se regulan de forma transparente y están sujetas a una obligación de rendición de cuentas, los autores de la violencia actúan con impunidad, a menudo sin dejar rastro.
Se debe poner fin a esta situación. Los avances tecnológicos deben basarse en el respeto de la libertad, la privacidad y la seguridad de los periodistas. Las redes sociales deben esforzarse especialmente por combatir la desinformación y el discurso de odio generalizados, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión.