Por: DIEGO ARAUJO SÁNCHEZ
La columna Alexandra Kennedy-Troya del jueves pasado en estas páginas fue una oportuna voz de alarma acerca del riesgo para vidas humanas, el patrimonio cultural y la memoria histórica del Ecuador. En el Edificio Aranjuez, en Quito, el Ministerio de Cultura mantiene bajo su responsabilidad 40 000 piezas arqueológicas, alrededor de 5 000 bienes de arte colonial y
2 000 de los siglos XIX y XX, los documentos del archivo histórico y colecciones de fotografía y audiovisuales de la mayor importancia para el país.
Ese mismo día, un comunicado de ese Ministerio reconoció la gravedad de la situación descrita en la columna. En 2012 ya se dieron las alertas sobre la precariedad del Aranjuez. En julio de 2017, el Ministerio recibió un informe técnico de la Politécnica Nacional que establece la existencia de “la posibilidad cierta de que el edificio colapse ante la ocurrencia de un evento sísmico severo”; y recomienda el desalojo de forma inmediata; pero las autoridades no adoptaron esa medida ni ejecutaron acción alguna de mitigación de riesgos. Gravísima negligencia.
Dos años más tarde, Cultura solicitó del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias una inspección técnica exhaustiva acerca del estado de la estructura del edificio; la inspección ratificó la alta vulnerabilidad por sus daños estructurales que, en la eventualidad de un fenómeno sísmico, pondrían en serio riesgo la vida de sus ocupantes y la conservación de bienes de enorme valor histórico.
Es increíble que se arrastre un problema tan grave sin enfrentarlo. Desde hace años se lo conocía, ¿pero qué hicieron los sucesivos ministros de Cultura? Las colecciones arqueológicas y de arte colonial y republicano y los fondos bibliográficos y documentales que pasaron del Banco Central al Ministerio de Cultura fueron a parar en un edificio construido para vivienda, que no contaba con las condiciones adecuadas para albergarlos. Este hecho muestra el maltrato del Estado y la sociedad a aspectos tan trascendentales de la cultura y revela también la carencia de una política cultural, la debilidad e ineficacia del Ministerio, la avaricia de las asignaciones estatales para el área de cultura y preservación.
El comunicado del Ministerio refiere las acciones emprendidas por la actual administración: evacuar al personal que trabaja en el Aranjuez, un plan de contingencia por el cierre temporal de las reservas arqueológicas y de arte y los fondos y depósitos documentales (¿en qué consiste ese plan?), la búsqueda de un lugar que pueda albergarlos y de los recursos para el traslado de los bienes.
No cabe proceder con los pies de plomo. Me sumo al pedido de Alexandra Kennedy, del grupo de historiadores que presentaron algunas propuestas y de centenares de ciudadanos que demandan una respuesta firme y urgente.
FUENTE: EL COMERCIO
Martes 21 de enero 2020