El diseño y funcionamiento de la economía social del conocimiento requiere de un marco jurídico. Para ello se está construyendo el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e Innovación, que según prevén las autoridades será enviado a la Asamblea Nacional en este mismo año.
Siguiendo la lógica de todos los proyectos ligados al conocimiento en el país, el código está construyéndose en colectivo; es decir, a través de internet se socializan y discuten propuestas. La iniciativa WiKiCOES+i (disponible en http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/) es una herramienta que sigue el patrón de Wikipedia. Ahí aparecen los capítulos y temáticas. Con la creación de una cuenta de usuario, todos los que estén interesados pueden opinar, discutir y plantear propuestas. Todo será procesado para redactar el documento final, el cual se debatirá a nivel ministerial y luego pasará al Legislativo.
Desde inicios de marzo cuando se lanzó el WiKiCOES+i, la página ha recibido 400 mil visitas y estará habilitada para mantener debates al menos un mes más, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación (Senescyt).
Hernán Núñez, especialista en propiedad intelectual y asesor en temas de gestión del conocimiento de Senescyt, explicó que “el espíritu del código es incentivar la generación del conocimiento de forma colaborativa porque creemos que mientras más personas participan en algo siempre va a ser mejor”.
El código contemplará aspectos como: parámetros para proyectos de investigación, generación de incentivos tributarios y no tributarios para los creadores, científicos, inventores, etc., entre otros. Está compuesto de 3 libros: gestión del conocimiento, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales e investigación responsable, el emprendimiento social y solidario y la innovación social.
El código también prevé “eliminar cierta regulación que impide, por ejemplo, hacer ingeniería inversa, para que el conocimiento sea visto como un bien público que es lo que necesitamos en este momento y no como un bien cerrado o privado”, señaló Núñez, en referencia a la actual Ley de Propiedad Intelectual.
Este tema puede ser abordado como un régimen “muy mercantilista con estándares muy altos de propiedad intelectual, con la idea de privatizar el conocimiento y limitar al máximo su difusión” (como permite la ley actual) o como un modelo “social” con mayores flexibilidades que posibilite el “emparejamiento tecnológico” y que mire al conocimiento como “una construcción social”, Precisó Núñez.
“Partimos de la regla general de que el conocimiento es libremente utilizable y como excepción es ‘privatizable’”, enfatizó el asesor de la Senescyt.
“Tenemos que construir un entorno propicio para la generación de la investigación científica”, finalizó, Núñez.
Los expertos apuntan que para que se concrete el cambio de la matriz productiva es necesario tener como base una diferente matriz cognitiva, la cual se compone de talento humano, infraestructura, incentivos, institucionalidad, financiamiento, normatividad y propiedad intelectual. En cada uno de esos ámbitos está trabajando el Gobierno. Y si bien la gestión del Estado es crucial, la idea es que este sea el que dé el primer impulso para que luego se sume el sector privado.
En ese marco, el código contempla —por primera vez en el país—, un Sistema Nacional de Innovación para articular la generación del conocimiento y la acción de todos los actores involucrados: universidades, institutos públicos de investigación, empresas e instituciones públicas y a todos actores privados.
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