El Art. 351 de la Constitución vigente expresa que “El sistema de educación superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”.

A estos principios es necesario añadir otros igualmente importantes como la formación científica, técnica y humana, la legalidad y la planificación, evaluación y acreditación, como lo recomendaron los expertos que con el CONESUP prepararon el Informe del Mandato 14 en el 2009.

Ellos recomendaron que las instituciones de educación superior deben planificar en forma participativa su desarrollo institucional, programar sus actividades, ponerlas en práctica y evaluarlas en forma permanente con miras a su acreditación, manteniendo plena correspondencia con el plan nacional de desarrollo del país.

La planificación y la evaluación deben ser concebidas, elaboradas y aplicadas como dos partes de un mismo proceso que se regulan mutuamente, se retroalimentan en perspectiva de mejorar la calidad de la educación y lograr la acreditación institucional.

Autodeterminación en la generación de pensamiento y conocimiento

Las instituciones de educación superior deben disponer de condiciones propicias de libertad e independencia para producir pensamientos y conocimientos propios que permitan articularse al pensamiento universal. De la misma manera, deben crearse las condiciones para establecer un encuentro necesario entre la ciencia y la tecnología con los saberes ancestrales. Ya es hora de que los saberes ancestrales adquieran el estatuto académico correspondiente y puedan integrarse y formar parte de la formación técnica, tecnológica, universitaria y politécnica.

Formación científica, técnica y humana

La misión fundamental de la educación superior debe ser la formación de seres humanos profesionalmente competentes, éticamente íntegros, comprometidos con los sectores sociales, en especial los más vulnerables, con capacidad y motivación para educarse en forma continua, con sensibilidad para comprender, respetar y proteger los derechos humanos y el ambiente natural, a través del ejercicio articulado, crítico, innovador, pertinente y prospectivo de la docencia, investigación, producción y vinculación con la sociedad.

Su compromiso vital radica en estudiar los acuciantes problemas de la sociedad y proponer soluciones en la perspectiva de alcanzar la justicia social, la preservación del ambiente natural y la plena vigencia de la democracia, potenciando un trabajo intelectual creativo, solidario, social y productivamente significativo, respetando la pluralidad cultural y étnica.

Legalidad

Las instituciones de educación superior deben estar legalmente constituidas y cumplir con todos los requisitos que exige su normal funcionamiento y que constan en la Ley de Educación Superior y en sus respectivos estatutos, reglamentos, normas, disposiciones e instructivos académicos y administrativos.

Además deben contar con una estructura orgánica ágil y dinámica que se enmarque dentro de las disposiciones de la Ley de Educación Superior, con una definición clara de las funciones de cada uno de los organismos académicos y administrativos. También deben disponer de un patrimonio propio legalmente constituido que garantice el normal desenvolvimiento de sus actividades académicas y administrativas, en espacios saludables y confortables.

Autonomía responsable

La educación superior debe ejercer una autonomía responsable que garantice la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones; así como el gobierno y la gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.

La autonomía debe expresarse en el orden académico, en el orgánico-administrativo y en lo financiero, pero siempre bajo la lógica de la responsabilidad social, rendición de cuentas y la participación activa en la planificación nacional.

Cogobierno

Los actores sociales de cada una de las instituciones de educación superior deben participar en forma activa y responsable en el gobierno de la institución, velando por su engrandecimiento y prestigio. Éste debe ser el compromiso de profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Sin embargo, cada institución de educación superior deberá establecer las formas y los porcentajes de participación de cada estamento, según los parámetros legales.

Alternabilidad

En la dirección de las instituciones de educación superior debe darse la alternabilidad como expresión clara y transparente de la democracia interna de las instituciones que acrecienta su desarrollo institucional, contrarrestando el clientelismo y el oportunismo que generan la permanencia indefinida en la dirección.

La alternabilidad significa nuevas propuestas académicas y administrativas, nuevos equipos de trabajo, nuevos estilos de gobierno, nuevas iniciativas que van en directo beneficio institucional; sin embargo, la alternabilidad debe darse en un marco civilizado de mantener lo positivo del proceso anterior.

Igualdad de Oportunidades

Las instituciones de educación superior deben ofrecer a los y las estudiantes las mismas posibilidades en el acceso, movilidad, permanencia y egreso del sistema de educación superior, sin discriminación de género, credo, sexo, etnia, cultura, orientación política, condición socioeconómica o discapacidad que no limite sus facultades de aprendizaje, considerando una pauta distributiva basada en el mérito académico.

La igualdad de oportunidades debe comenzar en los procesos de admisión de los bachilleres que tienen diferente formación dependiendo de los colegios donde se educaron, grandes diferencias de las que no son responsables ellos sino del colegio que los formó, para lo cual se requiere poner en acción programas de nivelación en las instituciones de educación superior.

Calidad

La calidad debe ser el referente de la educación superior, en esa búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la perfección y la elevación en la producción y transmisión del pensamiento y conocimiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.

En esta perspectiva, cada institución del sistema de educación superior debe realizar procesos de autoevaluación para mejorar la calidad de sus carreras y programas académicos.

Pertinencia

La Educación Superior debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad y la planificación nacional, articulando su oferta docente, de investigación y actividades de extensión a la formación de un ser humano integral en armonía con su entorno social y ambiental, a la construcción de una identidad nacional, a la demanda académica, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional; a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de las diferentes zonas y regiones del país; a las políticas nacionales de ciencia y tecnología, y a la prospectiva de desarrollo científico y tecnológico mundial.

Integralidad

El sistema de educación superior debe articularse al sistema nacional de educación, entre sus diferentes niveles y modalidades, especialmente del bachillerato; así como al interior de su propio sistema, entre los institutos superiores técnicos y tecnológicos y las universidades y escuelas politécnicas.

La integralidad debe comprender la definición de los tipos de bachillerato en función de las carreras profesionales que ofertan las instituciones de educación superior, así como de los contenidos curriculares que deben ser abordados en el bachillerato para ser continuados en la educación superior, todo lo cual requiere de un trabajo conjunto y prospectivo de la educación media con la educación superior.

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