La Comisión de Niñez y Adolescencia recibió los aportes técnicos de delegados de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y de Exposición Económica.
Desde ARCOTEL, Juan Puchaicela, director técnico de Regulación de Servicios y Redes de Telecomunicaciones, planteó la necesidad de armonizar las disposiciones del proyecto con las competencias y definiciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. También recomendó uniformar el concepto de prestadores de servicios digitales con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fortalecimiento de la Ciberseguridad, para garantizar coherencia normativa.
Mariana López, jefa de división de la Dirección Técnica de Control de Seguridad de Redes de Telecomunicaciones, destacó que Ecuador es parte del Convenio de Budapest y cuenta con un punto de contacto permanente para la cooperación internacional en materia de ciberseguridad. Además, recomendó considerar este mecanismo para fortalecer la coordinación frente a delitos y riesgos que afectan a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.
La delegada de ARCOTEL también se refirió a las medidas de limitación de acceso contempladas en el proyecto. Señaló la importancia de armonizar estas disposiciones con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y con la normativa vigente sobre comunicaciones, especialmente en lo relacionado con el bloqueo temporal y dinámico de contenidos, así como con la delimitación de competencias respecto de la regulación de contenidos en internet.
Por parte del Ministerio de Educación, su representante presentó cuatro aportaciones técnicas a los artículos 4, 9, 25 y 50. Entre ellas, propuso ampliar las obligaciones de las instituciones educativas frente a situaciones de riesgo, para que, además de detectar, reportar y derivar casos, puedan prevenir, proteger, acompañar y realizar el seguimiento correspondiente, dentro de sus competencias.
Asimismo, planteó reconocer expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a negarse, retirar su consentimiento o solicitar el cese de su participación en actividades de exposición económica, sin represalias y garantizando la continuidad escolar.
Finalmente, sobre la continuidad educativa y las competencias institucionales, sugirió que la ley garantice el acceso permanente al aprendizaje, la continuidad y culminación de la trayectoria educativa, sin establecer una modalidad específica como prioridad. Asimismo, planteó diferenciar las competencias de la autoridad educativa de aquellas que requieren la intervención articulada de otras instituciones del sistema de protección integral, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada frente a situaciones de vulneración de derechos.
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