Representantes de las universidades públicas y privadas junto a Nelson Medina y Mónica Peñaherrera, miembros del Consejo de Educación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), realizaron varios aportes para el segundo debate del proyecto de reformas a la LOES y afinar adecuadamente los artículos concernientes a la calidad de la educación superior.

Luego de exponer las diferentes posturas sobre el tema, consensuaron que el Ceaaces definirá los criterios básicos para asegurar la calidad en la educación y establecerá los estándares mínimos que las instituciones deberán alcanzar para su acreditación. En cambio, el Consejo de Educación Superior (CES) se encargará de verificar los criterios de evaluación para la acreditación de las universidades, mientras que las instituciones de educación superior deberán asegurar la calidad de la educación a nivel interno.

Los representantes de las instituciones académicas mostraron su preocupación sobre la implementación de estándares y los criterios de evaluación que deben cumplir las universidades para la acreditación.

“Cuando no se establecen estándares en los procesos de acreditación se deja abierta una puerta para que las influencias políticas determinen las decisiones del organismo. Prefiero que exista un consenso y que las universidades sepan que en un tiempo determinado serán evaluadas y sí no cumplen los estándares establecidos no serán acreditadas”, sostuvo, Augusto Espinosa, presidente de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Otros puntos de preocupación en los representantes de las universidades fueron la intervención a las universidades, los modelos de evaluación y el tiempo para iniciar los procesos de acreditación.

Plantearon la necesidad de quitar la figura de intervención y que cuando las universidades no cumplan los requisitos de acreditación, el Ceaaces realice un acompañamiento de dos años y la institución académica que incumpla los requisitos implemente un plan de mejoramiento. Luego de este proceso, en tres años se realizaría nuevamente la evaluación y si reincide en la falta de cumplimiento de los estándares mínimos de calidad se procedería al cierre de la universidad.

La intención de la ley no es establecer los períodos de evaluación, sino dar la flexibilidad, debido a que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

Sobre el tiempo y el modelo para la evaluación, dijeron que en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, se debe establecer un tiempo mínimo de tres años y un máximo de seis años.

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