La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mariana Yumbay, presentó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), orientado a consolidar el sistema de educación superior del país mediante el impulso de la interculturalidad, el fortalecimiento de la autonomía universitaria, la transparencia en la designación de autoridades y una mayor articulación entre la academia y el país.
Yumbay reiteró que la propuesta busca fortalecer la educación superior, con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes y vincular la formación universitaria con las necesidades territoriales. “Las universidades no pueden limitarse a entregar los títulos y nada más; tienen que dar seguimiento para ver dónde están aquellos profesionales, si están empleados y si su profesión sirvió para el desarrollo del país”, enfatizó.
Entre los principales cambios, la iniciativa reafirma la autonomía responsable de las instituciones de educación superior y establece que la elección o designación de las autoridades académicas se realizará con transparencia, participación democrática, alternabilidad, mérito, igualdad de oportunidades, equidad de género e interculturalidad. Asimismo, dispone que cada universidad o escuela politécnica defina, a través de sus estatutos, mecanismos claros y públicos para estos procesos, respetando el cogobierno y la normativa constitucional.
También actualiza el principio de pertinencia de la educación superior para que la oferta académica, la investigación y los programas de vinculación respondan de manera efectiva a las necesidades sociales, culturales, ambientales y productivas del país.
En materia de calidad, el proyecto establece la implementación obligatoria de sistemas permanentes de seguimiento a graduados, con el propósito de evaluar la inserción laboral, el desempeño profesional, la continuidad de estudios, la generación de emprendimientos y el impacto social de la formación recibida. Esta información servirá para mejorar continuamente los planes de estudio y será considerada en los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior.
Adicionalmente, la propuesta incorpora indicadores de empleabilidad, emprendimiento e impacto social dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad, respetando las particularidades de cada institución y de las distintas áreas del conocimiento.
El proyecto también propone reformas en la creación de los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, concebidos como espacios de coordinación entre las instituciones de educación superior, los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, sectores productivos y otros actores estratégicos, para fortalecer la pertinencia de la oferta académica y contribuir al desarrollo territorial, sin generar nuevas estructuras administrativas ni mayores obligaciones presupuestarias para el Estado.
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