El Sistema de Educación Superior cuenta con 145 extensiones y centros de apoyo que funcionan como centros universitarios. Estas extensiones están repartidas en 107 ciudades del país. Si a estas extensiones se suman las 71 universidades y escuelas politécnicas, en realidad el Ecuador cuenta con 216 centros universitarios, situación que probablemente, en términos de densidad institucional territorial, ubica al país en los primeros lugares a nivel mundial, señala el informe preparado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación en el 2009, para dar cumplimiento al Mandato Nº 14 de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi, Manabí.
Sin lugar a dudas, agrega, la explosión de centros universitarios constituye otro de los problemas críticos de la universidad ecuatoriana. Siete universidades, de las cuales cinco son públicas y dos particulares, tienen 78 extensiones que representan el 54% del total de extensiones universitarias.
Según el CONEA, los llamados centros de apoyo funcionan en realidad como extensiones universitarias donde se imparten carreras de pregrado y posgrado. La denominación de “centros de apoyo” es adoptada con el fin de obviar su aprobación de acuerdo a lo establecido en la LOES. Las extensiones universitarias adolecen, y quizá con mayor intensidad, de muchas de las deficiencias señaladas a las universidades. Además de la penuria de su planta docente (si es que en realidad puede hablarse de planta docente), de la deficiencia (en la mayoría de los casos casi absoluta) de facilidades y de un entorno de aprendizaje (carencia de laboratorios, bibliotecas), la mayoría funcionan en condiciones de extrema precariedad. En general, sus instalaciones se limitan a dos o tres aulas rentadas (por horas) a colegios o escuelas locales, o espacios de oficinas completamente antifuncionales, o simplemente a locales, donde es difícil imaginar que pueda funcionar un centro universitario (en este caso cabría el término ‘extensiones de galpón’).
Impacta negativamente
Aparte de la calidad de la enseñanza que se imparte en estos centros y que debe ser objeto de urgente atención, anota el informe del ex CONEA, la proliferación de las extensiones universitarias tiene impactos que afectan negativamente a todo el sistema de educación superior del país. En efecto: La creación indiscriminada de extensiones es otra de las expresiones de la mercantilización de la educación superior, con las universidades tanto públicas como privadas compitiendo por nichos de mercado. Frente al crecimiento acelerado de la oferta académica privada, la universidad pública adoptó mecanismos y enfoques similares, tratando de llenar espacios sin importar la calidad y pertinencia de la nueva oferta académica. A esta estrategia se suman consideraciones políticas y, sobre todo, clientelares, con las extensiones universitarias instrumentalizadas como mecanismos de control y réditos políticos, enfatiza el documento del CONEA.
Todo este proceso, apunta, ha llevado a un debilitamiento de las universidades, sobre todo de aquellas de carácter local y regional, que han debido enfrentar el desborde de una competencia arrolladora y cuya respuesta ha sido la creación de extensiones, no solamente en sus aéreas geográficas de influencia, sino en las grandes ciudades del país, ya saturadas por una oferta académica sin control (por ejemplo, en Quito existen 8 extensiones de universidades de otras provincias). De esta manera, el “mercado de la educación superior” tiende a actuar como una fuerza homogenizadora que empuja a universidades con orígenes, misiones y roles diferentes, a un proceso competitivo, bajo diferentes condiciones y con resultados muy desiguales de calidad académica.
Se acentúan desigualdades
Este proceso, dice el informe del CONEA, trabaja como un potente mecanismo que acentúa las desigualdades entre diferentes tipos de universidades, con posibilidades diferentes de acceso a recursos materiales e intelectuales, pero, sobre todo, debilitando sus respuestas ante los problemas locales y regionales. Esta dinámica incontrolada de creación de extensiones también ha tenido un efecto devastador sobre los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Frente a la posibilidad de un título universitario, los estudiantes, aspirantes o matriculados en estos institutos, terminan optando por una carrera universitaria que, en algunos casos aun con menor esfuerzo académico, les ofrece, en principio, posibilidades profesionales más amplias y de mayor prestigio y reconocimiento social. Los resultados se han traducido en un debilitamiento acelerado de este segmento de la educación superior cuya función social, y, sobre todo, su aporte a los sectores productivos de la economía, se ven seriamente disminuidos.
De esta manera, se acentúa la situación de deterioro del sistema de educación superior, semejante a un proceso de causación circular acumulativa, en el que la presencia de mecanismos de retroalimentación lo amplifican con mayor fuerza: la gestión académica se ve debilitada por las extensiones, éstas debilitan la educación técnica superior, deterioro que, a su vez, crea mayores presiones sobre las universidades por cambios en la estructura de la demanda de las y los estudiantes, situación que cierra el círculo de deterioro progresivo de la calidad de la enseñanza universitaria.
Asignación de recursos
Otro aspecto del fenómeno de las extensiones tiene que ver con la asignación de recursos por parte de las universidades públicas. Mientras que para las universidades autofinanciadas el funcionamiento de las extensiones constituye una fuente adicional de ingresos, para las universidades públicas su mantenimiento, en el mediano plazo, repercute negativamente en su gestión y, en definitiva, en la calidad académica. La creación de extensiones, además de las causas anteriormente señaladas, también obedeció a una estrategia de algunas universidades por aumentar su participación en las rentas públicas. Al aumentar el número de carreras, programas y estudiantes, se posibilitaba que el sistema de asignaciones de los fondos estatales aumentase sus rentas. Sin embargo, el balance no siempre ha resultado positivo, puntualiza el informe del ex CONEA.
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