“Este proyecto es la oportunidad para afrontar los temas de seguridad desde la academia, con la preparación de ciudadanos y profesionales especializados, dedicados a contribuir y garantizar la paz”, expresó la legisladora Rocío Guanoluisa, al fundamentar su proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, remitido a la Comisión de Educación, para su tratamiento.
La legisladora manifestó que la iniciativa surgió de la necesidad de contar con una institución que atienda la demanda de jóvenes de ingresar a la universidad. Además, recalcó que esta institución de educación superior fortalecerá la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento, sobre todo especializada en el área de la seguridad ciudadana, que en la actualidad es una necesidad urgente por la situación que afronta el país.
En lo referente al financiamiento, dijo que “la universidad cuenta con el presupuesto para su funcionamiento, el cual se encuentra garantizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mismo que será conferido una vez promulgada la ley”.
Este último tema generó debate entre los miembros de la comisión, quienes mostraron su preocupación por la asignación de presupuesto del Ministerio de Finanzas. El legislador, Diego Esparza mencionó que hay que ser realistas y objetivos en el tratamiento del propuesto. Reiteró que la población amazónica ha solicitado la creación de una universidad propia y ha tenido varias trabas.
Los comisionados coincidieron en solicitar al Ministerio de Finanzas una certificación presupuestaria, a fin de evitar que el proyecto de ley sea vetado por el Ejecutivo.
A criterio de la legisladora Ana María Raffo las normativas no deben ser discriminatorias y comentó que al tratarse de carreras enfocadas en las fuerzas policiales generaría descontento en otros sectores de la sociedad civil.
El presidente de la comisión, Manuel Medina y los legisladores aclararon que no están en contra del proyecto, ni de la creación de la universidad, pero que previamente se debe solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva certificación presupuestaria.
Además coincidieron en convocar a las autoridades del Consejo de Educación Superior (CES); Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES); Ministro de Finanzas; y, servidores policiales, a fin de que presente sus observaciones.
En otro orden, la comisión escuchó los argumentos del legislador Manuel Medina, sobre la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. “Los pueblos y nacionalidades merecen una educación propia que les permita fortalecer su identidad cultural, saberes y conocimientos ancestrales”, señaló en su exposición.
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