Al mismo tiempo puntualiza que las medidas económicas propuestas para resolver los problemas económicos y sociales que se han acumulado históricamente y que se han agudizado en la última década, no son una solución y, más bien, han suscitado una grave conmoción social.
En términos generales, estas medidas responden a un modelo ya ensayado y que ha fracasado en este y otros países, se precisa en un pronunciamiento que está firmado por la doctora Paulina Armendariz, Secretaria General y del Honorable Consejo Universitario de la UCE.
La posición oficial de la Universidad Central puntualiza que en el contexto de la reacción social suscitada por las medidas, la declaración del estado de excepción ha agudizado la represión y la violencia, lo cual dificulta el diálogo para lograr soluciones consensuadas a la crisis. Por esta razón, la Universidad Central demanda la derogatoria del estado de excepción como una premisa para hacer posible el diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas y sociales.
Como universidad pública insta al gobierno a trabajar por el bienestar de todos los ecuatorianos y, más aún, por la población pobre y vulnerable.
La condición del diálogo, subraya, implica respetar los derechos humanos, evitar el abuso de la fuerza pública, erradicar todo tipo de violencia y la destrucción de bienes públicos y privados, facilitar el derecho a la deliberación y a la participación, sin la cual se pone en riesgo a la democracia.
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