La Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) Sede Ecuador, señala que ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales de la institución, propone elecciones directas (mecanismo previsto en la Ley Orgánica de Educación Superior -LOES) y convocatoria inmediata a la elección de rector.
La Universidad Andina Simón Bolívar rechazó este lunes 1 de agosto la resolución del Consejo de Educación Superior (CES) emitida el 28 de julio, porque según afirma “ se pretende imponer un rector interino al margen de las normas de la Universidad que establecen claramente el mecanismo de subrogación.”
La Resolución del CES está disponible en pdf en el siguiente enlace:
www.uasb.edu.ec/documents/10181/1204037/Resolución+del+CES+del+28+de+julio+de+2016/81de86eb-426e-4723-8d67-fc4e4c8378e7
Según las autoridades de la Universidad Andina, “se trata de un nuevo asedio a la institución que atenta claramente a su autonomía universitaria.”
El Comité de Coordinación Académica de la institución emitió un comunicado público en el que señala que “la universidad no aceptará una autoridad ilegítimamente impuesta”, y manifiesta que “la comunidad universitaria ha deseado siempre elegir su rector, en tanto se respete su autonomía institucional y el resultado de la votación mayoritaria. Es de público conocimiento que posturas del Parlamento Andino, secundadas por algunas autoridades gubernamentales, han impedido que esto suceda, demostrando su empeño en intervenir en la Universidad e imponer un rector afín al régimen sin legitimidad ni respaldo”.
El comunicado de la Andina expresa que el rector encargado, Jaime Breilh, desde marzo de este año viene realizando ingentes esfuerzos por superar el conflicto planteado por el gobierno al desconocer la elección de César Montaño Galarza. Impulsó varias alternativas y diálogos que finalmente se concretaron el 9 de junio en el que las partes acordaron que se reuniera el Consejo Superior integrado por sus miembros no cuestionados para proceder a la convocatoria a la consulta y a la elección de rector hasta el 29 de julio. “Lamentablemente, el día 27 de junio el entonces presidente del Parlamento Andino no respetó el acuerdo e impidió que el proceso de consulta y designación se realizara; todo esto ante la pasividad de las autoridades del CES conocedoras de los términos de dicho acuerdo”, se recoge en el documento.
El comunicado también plantea “Que, si se insiste en no observar dicho acuerdo, ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales propias de la Universidad, en esta oportunidad se implemente el mecanismo previsto en la LOES para la elección directa del rector y se convoque a tal proceso electoral. El Comité de Coordinación Académica de la Universidad posesionará a quien obtenga la mayoría de los votos, en evidente observancia del principio universal de democracia. Este procedimiento puede iniciar de inmediato y culminar con la elección y posesión antes del 15 de octubre de 2016”.
En el documento la Universidad también demanda del Estado ecuatoriano el cumplimiento de su obligación de transferir a la institución la cantidad adeudada de USD 9’975.000, según lo mandan la Constitución y la Ley; y, aclara que estos fondos “los maneja con reconocidas honradez y eficiencia. Así lo demuestran las auditorías realizadas. Jamás se han desviado fondos ni se los ha mantenido en “paraísos fiscales” o trasferido a cuentas particulares de sus directivos. Las transferencias que se han realizado al exterior proceden de recursos propios de autogestión, están debidamente justificadas y se han utilizado para pagos de adquisiciones para los edificios, laboratorios y biblioteca, pagos de cuotas internacionales e inversiones dispuestas en su Estatuto”, sostiene el comunicado.
La Universidad mantendrá su funcionamiento regular. Iniciará clases el 3 de octubre con los alumnos antiguos y los ya admitidos este año. A todos ellos les garantiza que podrán continuar sus estudios sin obstrucciones. Pero advierte que si el Estado Ecuatoriano no le paga lo que le debe, la Universidad no podrá garantizar nuevas admisiones para enero de 2017 por falta de recursos.
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