Universidades particulares dicen que reducción de costos de matrículas y aranceles colapsaría el sistema

Autoridades de las universidades particulares y de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador se dieron cita en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, para analizar la situación de las instituciones de educación superior privadas en medio de la crisis sanitaria y la búsqueda de medidas urgentes que garanticen su sostenibilidad, continuidad y estabilidad laboral.

Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), dijo que la crisis económica es sistémica y afecta a todos los sectores del país, por tanto, la propuesta de reducir de costos de aranceles y pensiones, constante en el proyecto urgente de Ayuda Humanitaria, llevaría al colapso del sistema.

Esta medida, subrayó, sería catastrófica e impactaría en la limitación significativa de becas, la baja de la calidad por la salida de profesionales, disminución de recursos para la investigación. Además, se calcula que un 54 % de alumnos no se matricularía el próximo semestre, enfatizó.

FACILIDADES DE PAGO

Comentó que han establecido facilidades de pago, considerando la realidad socioeconómica de cada estudiante. Propuso que el Estado complemente este tipo de acciones, mediante el otorgamiento de créditos a favor de estudiantes de los centros públicos y privados, los que deberían cancelarse una vez que terminen la carrera.

Entre tanto, Joselito Otañez, de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos (Fepupe), llamó a impulsar un moratoria de la deuda externa, cobrar a los grandes evasores de impuestos y que haya equidad en la contribución por parte del sector público y privado, sin vulnerar derechos, especialmente de los servidores estatales.

ELABORARÁN PROPUESTA

La asambleísta Jeannine Cruz, encargada de la conducción de la sesión 038, anunció que la mesa trabajará inmediatamente en una propuesta alternativa, recogiendo el sentir de las instituciones de educación superior, de la Fepupe y de otras organizaciones, que será trasladada a conocimiento de la Comisión de Desarrollo Económico que trata el proyecto urgente. Esto para salvaguardar los destinos de la educación en todos sus ámbitos, evitar una posible deserción estudiantil y despidos de docentes y personal administrativo, puntualizó.

SITUACIÓN DE BECARIOS EN EL EXTRANJERO

Previamente, la Comisión de Educación profundizó el análisis del estado de los becarios en el extranjero, para lo cual recibió al principal del Instituto de Fomento al Talento Humando (IFTH) y representantes del sector.

Ramiro Moncayo, director Ejecutivo del IFTH, explicó que luego de superar inconvenientes con el sistema que maneja el Ministerio de Finanzas, a partir del 4 de abril se restablecieron los pagos, desembolsando recursos en beneficio de 525 becarios ecuatorianos en el extranjero y hasta la segunda semana de mayo se prevé atender a la totalidad de 1200, tomando en cuenta las pertinentes solicitudes. Se ha priorizado la entrega de dineros específicamente para rubros de manutención y salud, en virtud de la crisis, manifestó.

Moncayo indicó que han tomado contacto con 236 universidades internacionales, para llegar a compromisos de pago respecto de matrículas y aranceles, para garantizar la estancia de los compatriotas. También se refirió al contrato de terminación de la beca por mutuo acuerdo, para lo cual el Gobierno se hará cargo del pasaje de retorno y quien aplique no tendrá que devolver el recurso entregado con anterioridad.

Vinicio Moya y Karla Rodríguez, representantes de las organizaciones de becarios, aseguraron que la demora de pagos se ha vuelto permanente, más aún cuando hay retrasos de seis y hasta 10 meses. Hoy entraron en una condición de agravamiento por efectos de la pandemia.

Las respuestas del Instituto son lentas e inoportunas sobre la documentación y justificación que presentamos, por lo que ellos son los responsables del problema no nosotros, expresaron. No descartaron la posibilidad de acudir a organismos internacionales para hacer prevalecer sus derechos.

Los comisionados se pronunciaron por definir una norma legal específica para superar definitivamente esta problemática.

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