Pedro Velasco, Procurador de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), prsentó al medio día de este lunes 11 de mayo en la Corte de Justicia «la petición urgente de MEDIDA CAUTELAR, con el fin de detener la vulneración de los derechos constitucionales a la EDUCACIÓN, AL TRABAJO, A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, así como por la violación flagrante de las expresas limitantes constitucionales en cuanto a la prohibición de afectación de los presupuestos de las Instituciones de Educación Superior (IES), durante la vigencia del estado de excepción.»
Pedro Velasco Erazo, Procurador de la UPEC, precisó «que la medida cautelar es una garantía constitucional que tiene por objeto, a través de una decisión judicial, suspender provisionalmente un acto administrativo que puede generar consecuencias gravosas e irreparables, como pretenden eln Ministerio de Finanzas y la SENESCYT recortando el presupuesto de 32 universidades del Ecuador, lo que está prohibido por el Art. 165 numeral 2 de la Constitución.»
Ante la decisión inconstitucional del gobierno central, ejecutada a través del Ministerio de Finanzas, de recortar el presupuesto de las universidades públicas del país, éstas han resuelto presentar una acción de medidas cautelares (cada universidad en su jurisdicción).
La universidad carchense indicó que estas medidas atentatorias a la educación superior pública no han sido notificadas con el recorte de sus presupuestos, sino a través de instrucciones que limitan la gestión financiera de las universidades e incluso a través de los sistemas operativos que regulan la asignación y transferencia de los recursos. Se han bloqueado determinados procesos como la contratación de personal docente, indispensable para iniciar o continuar con las actividades académicas.
Jorge Mina, Rector de la UPEC, explicó que «de este modo, a través de las medidas cautelares se pretende evitar que se afecte a los derechos fundamentales de los estudiantes a tener una educación de calidad, así como la pertinencia de los servidores, tanto docentes como administrativos, de tener un trabajo digno; lo que involucra a varios miles de estudiantes y trabajadores cuyos derechos están en peligro inminente y que deben ser salvaguardados.»
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