Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta que promueve la transversalización del enfoque de género a través de la creación de incentivos y políticas públicas que impulsen la participación de las mujeres en el entorno económico para alcanzar un crecimiento social inclusivo, generando mecanismos de acceso y beneficios que garanticen una vida digna con igualdad de oportunidades.
La norma está conformada por 29 artículos y 12 disposiciones que establecen que el Estado debe implementar políticas públicas para aumentar la participación de las mujeres en espacios laborales y puestos de poder; profesionalizar la mano de obra femenina, promover la formación de las mujeres en la agricultura y zonas rurales; y, la elaboración y aplicación de planes de igualdad en empresas públicas y privadas.
Reforma el Código del Trabajo para evitar prácticas discriminatorias en entornos laborales; la Ley de Régimen Tributario Interno que otorga la deducción del 150% del aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la creación de plazas de trabajo destinadas a mujeres; la Ley de Pasantías del Sector Empresarial para incrementar la participación de pasantes de género femenino; y, la Ley de Compañías para establecer que por cada tres integrantes de los directorios empresariales, uno sea mujer.
Daniel Noboa Azín, ponente y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que la iniciativa plantea medidas que promuevan el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisión para reducir barreras institucionales, como brechas salariales, tratos discriminatorios a causa de permisos de maternidad y lactancia, institucionalización de roles de género; entre otras.
Comisión general
Representantes de organizaciones de la sociedad civil resaltaron la importancia de contar con entornos laborales y productivos sin acoso ni violencia de género que permitan la participación activa de las mujeres. Observaron que la regulación de las licencias de maternidad y paternidad deben aumentar en el marco de la protección de los niños, pero que deben ser condicionadas por los progenitores y no por los empleadores.
Subrayaron que los planes de igualdad y de prevención del acoso sexual en espacios laborales deben ser obligatorios para todas las empresas sin tomar en cuenta el número de trabajadores; y, que la legislación debe transversalizar el enfoque de género, diferenciando el trabajo formal del informal, y que tome en cuenta las necesidades de las mujeres de la ruralidad.
En comisión general participaron María José Machado, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador; Angie Toapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo; Mónica Velástegui, del colectivo de mujeres madres de víctimas de femicidio Madres Coraje; Rosalía Muñoz, de Alas de Libertad; Diana Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Apoyo a la Mujer Ecuatoriana; Pablo Proaño, abogado de Dignidad y Derecho; y, las ciudadanas Sara Lema, Paola Alvarado y Rosa Bravo.
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