Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó el tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).
El informe centra la mirada en el análisis de los indicadores de autonomía física, económica y en la toma de decisiones, cuyo telón de fondo es la agenda regional generada por los consensos ratificados en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, concordantes con la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
También se presenta una reflexión sobre los programas de transferencias condicionadas (PTC), en el marco de los sistemas de protección social y su capacidad de incluir a las mujeres como sujetos de derecho. Finalmente y como resultado del esfuerzo colectivo de los mecanismos para el adelanto de la mujer, presenta un anexo estadístico que contiene información oficial, periódica y oportuna, que permite mejorar el análisis de las políticas públicas.
La autonomía física de las mujeres muestra múltiples aristas:
La mortalidad materna no presenta una evolución negativa, a pesar de estar lejos del quinto objetivo de los ODM, y la región sigue en mejores condiciones relativas que otras; la demanda insatisfecha de anticonceptivos tiende a disminuir, mientras que el embarazo en adolescentes afecta principalmente a las mujeres pobres y la violencia de género continúa siendo un problema persistente.
En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, entre las buenas noticias figura el aumento de la presencia de las mujeres en la presidencia de los gobiernos de la región, durante los últimos años; en la representación parlamentaria, especialmente en la última década, y en el poder judicial, mucho más recientemente y en pocos países, hecho que se considera positivo sobre todo porque rompe el techo de cristal que impedía el acceso de las mujeres a los cargos más altos.
Los indicadores de autonomía económica son los que muestran el mayor desafío para las políticas públicas. En un contexto de crecimiento de las economías y de reducción de la pobreza, la proporción de mujeres entre pobres e indigentes es un fuerte llamado de atención para modificar las políticas económicas, eliminando todas las barreras que impiden el acceso equitativo de las mujeres al mercado laboral. Es preciso entender que la igualdad de género es un pilar de la economía y del desarrollo sostenible, toda vez que el análisis de los indicadores alerta contra el riesgo de una segmentación cada vez más evidente entre políticas para los pobres de carácter asistencial con políticas productivas a las que las mujeres no acceden, a pesar de su mayor escolaridad, en gran medida por la obligatoriedad social que tienen de cuidar de las personas dependientes.
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Con relación a los programas de transferencia condicionada, cuyos efectos positivos sobre la disminución de la pobreza suelen subrayarse, es necesario adoptar un enfoque amplio sobre los sistemas de protección social, de los que estos forman parte, así como de su vínculo con el modelo de desarrollo, y reorientar las políticas sociales hacia el fortalecimiento del empleo y por tanto de la autonomía de hombres y mujeres.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es producto del esfuerzo del grupo interinstitucional constituido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, derivado del apoyo originado en la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).
Los insumos para el análisis que se presentan en este informe derivan principalmente de la información disponible en el OIG, lo que muestra los avances realizados por esta herramienta, sobre todo en lo referente al compromiso de los gobiernos de entregar y validar información. En efecto, el compromiso de los países en la actualización de la información queda de manifiesto en el aumento de países incluidos y en la mayor información que los países han producido.
En la primera parte se analizan los indicadores correspondientes a la autonomía física, económica y en la toma de decisiones. Se revisa la situación de las mujeres de América Latina y el Caribe y, cuando se dispone de la información, se muestran resultados para Andorra, España y Portugal, países que, sin ser parte de la región, constituyen una comunidad política de mujeres que comparte discriminaciones e intereses.
La segunda parte centra la atención en los programas de transferencias condicionadas (PTC). Se trata de una reflexión sobre las implicancias que los PTC tienen sobre la igualdad de género y sobre los derechos y la vida de las mujeres. Se analizan los fundamentos de estos programas y los valores en los cuales se sustentan, así como los efectos que estos programas tienen sobre las condiciones materiales y el trabajo de las mujeres. Del análisis de ambas realidades —progreso lento de la autonomía y expansión rápida de los PTC— se concluye que las políticas públicas están lejos de asimilar el avance de las mujeres y, aunque muchos programas las visibilizan, reconocen e instrumentalizan, en general no se inspiran en el marco de derechos y prevalece una visión instrumental, especialmente de las mujeres pobres.
En este informe se intenta examinar los avances logrados en cada uno de los pilares del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y mostrar cómo la autonomía de las mujeres sigue siendo un punto crítico para el desarrollo, subraya Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).