¿Se debe volver a las aulas, a la presencialidad? Sí, por varias razones poderosas: 1. A través de la presencialidad los estudiantes desarrollan en contacto con sus pares su formación integral: sociabilidad, afectividad y sentido de colectividad. 2. El encierro prolongado ha desatado miedos, violencia, depresión y angustia en las familias. 3. La presencialidad potenciaría el funcionamiento del sistema educativo que frenaría la actual deserción-expulsión de la educación, de cientos de miles de estudiantes que sin internet no aprenden nada.
La presencialidad es un deber ser. Es un objetivo al que todos los estudiantes del país deben llegar. Es una meta a la que arribarán unos más temprano que otros.
La decisión familiar, el apoyo comunitario, el menor impacto del virus por la lejanía, el número pequeño de estudiantes han incidido para que algunas escuelas rurales decidan abrir pronto.
Las escuelas bien dotadas de las clases pudientes también se han sumado. Pero otras miles de escuelas rurales sin agua potable ni saneamiento, lo harán más tarde. Y las grandes unidades educativas fiscales, cuya reapertura no depende solo de su situación interna, sino de la planificación de transporte urbano, responsabilidad de los municipios, lo harán mucho después. Los estudiantes de estos colegios están en aulas masificadas de 40, 50 y 60 estudiantes y tienen que trasladarse entre una y tres horas diarias en diferentes buses llenos de gente y de virus. En estos casos la presencialidad demorará incluso teniendo a los docentes vacunados con las dos dosis.
¿Mientras? Aquí la educación telemática continuará. Si es así, el Estado deberá dotar de inmediato de internet y computadores a todos los estudiantes y docentes.
La progresividad de la apertura de las escuelas es correcta, pero ¿a qué ritmo? Habrá que acelerar soluciones al sistema educativo urbano. Gobierno, municipios, docentes y familias, a trabajar juntos en soluciones a tema tan complejo.
La reapertura de clases no solo debe ser cargada a la voluntad de la familia, sino a la corresponsablidad diferenciada entre Estado- sociedad-familia, para crear las mejores condiciones para construir una presencialidad baja en riesgos.
El Estado debe acordarse de su rol de garante del derecho a la educación: metas para los 100 días.
FUENTE: EL COMERCIO
Junio 09 de 2021