La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional nició el estudio de dos nuevos proyectos de reformas a la Ley de Educación Intercultural que contribuyen a la lucha contra la corrupción y a garantizar a los estudiantes espacios seguros en escuelas y colegios del país.
La primera iniciativa corresponde a los legisladores Yeseña Guamaní y Ramiro Frías. Determina que al ser el sistema educativo una influencia a mediano y largo plazo sobre las instituciones democráticas, los estudiantes deben recibir una educación en ciudadanía y los valores éticos y cívicos, que permita reconocer nuestra propia dignidad y la de los demás en su diversidad de género, color de piel, culturas, idiomas, clase social, religiones y orígenes, y que, además, confronte sin temor a la corrupción.
Para ello, se deberá promover valores basados en la dignidad humana como vida, promoción del bien, tolerancia, verdad, libertad, justicia, amor, solidaridad, integridad, que sustentan la democracia, no solo como forma de gobierno sino como estilo de vida.
El parlamentario Ramiro Frías explicó que el proyecto incluye como principio rector la educación anticorrupción y genera características al proceso educativo que coadyuvarán a la lucha contra este problema.
La asambleísta Yeseña Guamaní advirtió que la corrupción se ha convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, frente a lo cual surge este proyecto que fomenta los valores éticos y cívicos, promueve la dignidad, tolerancia, verdad, justicia y solidaridad como estilo de vida y la formación en valores con énfasis en el sector público, desde la educación básica hasta la educación superior.
También afirmó que se pretende generar conciencia en maestros como en estudiantes, que no hay diferencia entre corrupción menor y de alto nivel, en el afán de lograr un Ecuador sin corrupción,
El otro proyecto corresponde a la asambleísta Diana Pesántez, que se basa en la necesidad de garantizar espacios seguros en las unidades educativas del país.
El proyecto fue presentado considerando que la delincuencia organizada ha empezado a incurrir en actos de extorsión o «vacunas» en contra de niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, así como de docentes, autoridades e incluso en contra de toda la comunidad educativa.
Por esta razón, la normativa propuesta está orientada a prevenir y enfrentar estos casos de extorsión en las instituciones educativas, por parte de grupos de delincuencia organizada que amenazan de forma grave la seguridad de los estudiantes y otras personas de la comunidad educativa.
En la sesión participó como “Asambleísta por un Día” la estudiante Sol Alejandra Ramón, quien resaltó la intención de luchar contra la corrupción desde la educación.
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