La ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, pese a las limitaciones presupuestarias por los efectos de la crisis sanitaria, fue parte de la gestión destacada por Pablo Celi, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, en su informe de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la sesión 693, cumplida el jueves 28 de enero en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Celi, Contralor  General del Estado, subrayó que el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción se desarrolla en tres ejes: generación de integralidad de gestión con fondos públicos; impulso de la acción ciudadana en la incidencia social en lo público; y fortalecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre instituciones públicas y privadas.

Dentro del primer eje, el titular de la Función de Transparencia afirmó que se efectuaron 13 494 acciones de control durante 2020, mismas que derivaron en el establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles e inclusive penales; se aplicaron 6 939 sanciones civiles, entre multas, destituciones y glosas. Asimismo, se trasladaron a la Fiscalía General de Estado 388 casos de posibles responsabilidades penales, a fin de que se ejerzan las acciones previstas en la ley.

En el marco normativo, indicó que se han generado 164 normas, entre reglamentos, instructivos, resoluciones, códigos de ética, para prevenir el cometimiento de actos de corrupción y precautelar el adecuado uso de los recursos y bienes de carácter público.

Sobre el segundo eje, relacionado con la participación de la ciudadanía y su incidencia en la gestión pública, subrayó que se recibieron 366 420 trámites impulsados desde la ciudadanía, a través de denuncias, quejas, reclamos, pedidos de información, entre otros. Además, 22 463 ciudadanos hicieron uso de mecanismos de control social.

Informó que en 2020 se incorporaron 228 mecanismos de participación, entre ellos, veedurías, observatorios y comités ciudadanos para el seguimiento y control de la gestión de entidades y organismos del sector público.

Respecto del último eje, relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional, Pablo Celi explicó que se conformaron grupos de trabajo interinstitucional. Sin embargo, en algunos de los casos, no fue posible cumplir con los objetivos, debido a las restricciones de movilidad y los recortes presupuestarios aplicados durante el estado de excepción por la pandemia de COVID-19.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA

Otro de los temas en los cuales puso énfasis la Función de Transparencia es el de la capacitación en materia de ética pública. Uno de esos procesos, que contó con apoyo internacional, impulsado por la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de esta función fue el denominado “Jornadas por un Ecuador Transparente y Honesto Pospandemia”, que se desarrolló entre octubre y noviembre de 2020, en las cuales se trataron aspectos como: Corrupción y Poder Ciudadano; Recuperación Económica Pospandemia; Reformas Constitucionales; y Fortalecimiento de los Organismos de Control.

Finalmente, Pablo Celi, quien deja sus funciones como presidente de la Función de Transparencia y Control Social, lamentó la serie de recortes presupuestarios a las entidades que conforman esta instancia del Estado, que impiden el cumplimiento adecuado de las atribuciones y deberes encomendados por la Constitución y la Ley pues, a su juicio, esto obedecería a un desconocimiento de la importancia que tiene esta función del Estado en la consolidación del sistema democrático.

www.EcuadorUniversitario.Com