Foto: CPCCS
Con ocho votos a favor y el voto salvado del juez Enrique Herrería Bonnet, la Corte Constitucional destituyó este 6 de octubre de 2023 a Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además le removió de su cargo a Ismael Merizalde, coordinador jurídico de la institución.
La decisión de la CC se tomó porque Vera y Merizalde incumplieron el Dictamen 2-19-IC/19, emitido en mayo del 2019, con el que se blindó las actuaciones del CPCCS Transitorio, la inconstitucionalidad la cometieron al revisar el concurso de fiscal general del Estado y permitir la conformación de una veeduría ciudadana que buscaba diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces constitucionales.
Además, la CC ordenó que el pleno del CPCCS, en el término de 10 días, deje sin efecto todas las actuaciones que han incumplido el dictamen, sin embargo, la conformación de la veeduría ya fue suspendida el pasado 28 de septiembre, dos días después de que los consejeros acudieron a la audiencia en la que se analizó el incumplimiento del dictamen del 2019.
Aunque Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, consejeros de mayoría que actuaron junto con Vera, se mantienen en el cargo por el momento, la Corte les advirtió que la fase de verificación de la sentencia se mantendrá abierta, a fin de asegurar que cumplan con lo que les han dispuesto, además que les continuarán evaluando hasta determinar su nivel de responsabilidad.
También seguirán bajo la lupa de la CC varios funcionarios del CPCCS, a quienes se les otorgó un plazo de tres días para remitir un informe de descargos sobre sus actuaciones, para determinar sus responsabilidades.
En este grupo están: Mauricio Rivera, subcoordinador nacional de admisión y orientación jurídica; Xavier Martínez, subcoordinador nacional de investigación; Mariángel Muñoz, secretaria técnica de transparencia y lucha contra la corrupción; Juan Solís, subcoordinador nacional de patrocinio; y Julián Garrido, coordinador general de Comunicación Social.
La Corte abrió esta fase de seguimiento después de que un juez de Montecristi ordenara la conformación de una veeduría ciudadana para fiscalizar la designación de los jueces de la Corte Constitucional.
Sobre el tema, Vera indicó que no hubo una intención de destituir a ninguna autoridad, como la fiscal general de la Nación, Diana Salazar.
“No se ha realizado ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de la Corte Constitucional. Mucho menos acciones para la remoción, cambio o reemplazo de ningún de sus miembros porque no es nuestra competencia jurídica”, señaló en la audiencia.
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