Luego de cinco jornaadas, la Asamblea Nacional aprobó este martes 17 de septiembre de 2019 el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Lo referente al aborto no punible no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Por lo tanto el Parlamento negó la despenalización del aborto para víctimas de violación.
Según los legisladores, la reforma penal aprobada será una herramienta clave para enfrentar la inseguridad, corrupción y garantizar la seguridad ciudadana.
La propuesta se enfoca en generar una cultura de transparencia en la función pública, contribuir en la lucha contra la corrupción y la inseguridad, y, lo que es más, fortalecer la seguridad ciudadana.
Seguridad
Los policías tendrán garantías para el cumplimiento de su deber. Al hacer uso progresivo de la fuerza, en acto de combate a la delincuencia, accederán a un juicio justo y no serán privados de su libertad durante un proceso investigativo, lo que les permitirá defenderse y aclarar los hechos imputados. Se define cuándo, cómo y en qué circunstancias los uniformados deben usar sus armas de dotación frente la gravedad de las amenazas.
La persona que ingrese a los centros de privación de libertad con sustancias sujetas a fiscalización, armas, partes de teléfonos celulares o equipos de comunicación adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los guías penitenciarios son cómplices de permitir el ingreso de objetos prohibidos recibirán fuertes sanciones.
Además, se incorporan agravantes en el juzgamiento de los delitos sexuales, secuestro, lesiones, entre otros, que se cometan en transportes públicos, escuelas, gimnasios, iglesias, escuelas, centros vacacionales, guarderías y otros espacios.
Los ciudadanos que incurran en delitos execrables (violación, tortura, secuestro, asesinato) no podrán acceder a medidas alternativas por parte de los administradores de justicia.
Transparencia
La reforma establece mecanismos específicos para la recuperación de dineros mal habidos producto de la corrupción. Para tal efecto, se crean las figuras del comiso sin sentencia, ampliado y a terceros, que permitirán la incautación de bienes de ilícita procedencia a los funcionarios o servidores que hayan atracado fondos públicos, así como a los de su entorno familiar y posibles testaferros, evitando que este tipo de actos queden en la impunidad.
Protección del denunciante
El servidor público que denuncie actos de corrupción tendrá derecho a la protección de su identidad, posibilidad de cambio administrativo o licencia con sueldo y estabilidad laboral. Por otro lado, las personas que, estando involucradas en un acto de corrupción, denuncien el hecho y contribuyan en la recuperación de lo robado se incorporan como beneficiarios de la cooperación eficaz, lo que les dará opción de reducir su pena.
Derechos de menores
El proyecto aprobado determina que la persona que es sentenciada por violación de niños, niñas o adolescentes, no podrá ocupar cargos públicos y privados donde se trabaje directamente con menores de edad.
Los juicios por abuso sexual a menores no podrán terminar sin que haya una sentencia. De esta forma, se refuerza la imprescriptibilidad de delitos contra la niñez, recogiendo el mandato de la consulta popular.
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