El próximo miércoles 6 de junio, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional iniciará el conocimiento y debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, de iniciativa del presidente de la República, Lenin Moreno y seis propuestas legislativas más. Están convocados para esta sesión Andrés Michelena, Secretario Nacional de Comunicación y Danilo Sylva, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), quienes presentarán sus observaciones a los proyectos de reformas.
La actividad se realizará a partir de las 10:00, en las instalaciones de la Comisión.
La propuesta del Ejecutivo suprime la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Las reformas tienen como ejes: el respeto a la normativa internacional y la eliminación de todo esquema de sanción.
La Comisión legislativa tiene previsto conocer, además, los proyectos sobre Normas Deontológicas para la Equidad de Género, de iniciativa de la exlegisladora Betty Carrillo; Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de Expresión, propuesta por Lourdes Cuesta; reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, de la legisladora Patricia Henríquez; y, de Ley Orgánica de Protección del Derecho a la Comunicación e Información, de Jeannine Cruz.
Así mismo, el proyecto de ley que deroga parcialmente la Ley Orgánica de Comunicación, del asambleísta Henry Cucalón, y Chao Supercom, propuesto por Wilma Andrade.
La iniciativa de la parlamentaria Cruz establece que esta ley no regulará la información u opinión que se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través de las redes.
Prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que, en ejercicio de sus funciones, revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.
Quienes censuren previamente o ejecuten actos de manera indirecta serán sancionados administrativamente por la autoridad competente, con multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de las acciones penales que esta conducta puede acarrear.
Subraya que todas los personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre asuntos a su cargo, cuando existan informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión.
Propone un sistema para la protección de los periodistas cuando por sus actividades profesionales su vida y la de sus familias estén en riesgo.
Entre tanto, la propuesta de Henry Cucalón busca eliminar los artículos referentes a medios de comunicación social de carácter nacional, la información de relevancia pública o de interés general, la prevalencia en la difusión de contenidos, códigos y normas deontológicas, principio de transparencia, responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.
Además, la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación, posición de los medios sobre asuntos judiciales, linchamiento mediático, copias de programa o impresos, protección integral de las niñas, niños y adolescentes, participación ciudadana, criterios de calificación y medidas administrativas.
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